Los responsables de grandes 'utilities' europeas como Enel, Orsted, Vattenfall y EDP, han escrito a los gobiernos de la UE una carta instándoles a evitar intervenciones drásticas en el mercado para frenar la crisis energética, como el impuesto a las ganancias extraordinarias aprobado por el Gobierno español y que entra se vota en el Congreso este jueves.
En una misiva que los firmantes enviarán esta semana a los estados miembros y a la propia Comisión Europea, a la que ha tenido acceso el 'Financial Times', más de quince CEO del sector advierten a los estados miembros contra la adopción de "medidas políticas miopes" que corren el riesgo de socavar la confianza del mercado y con hacer descarrilar la transición energética.
La Comisión tiene previsto publicar este miércoles su documento con medidas para hacer frente a la escalada de los precios energéticos, que está repercutiendo en la factura de la luz que pagan hogares y empresas, como respuesta a las muchas capitales europeas que han reclamado una reacción coordinada al escenario actual.
El diario económico recuerda, además, que carta de la industria llega cuando grandes eléctricas españolas, "en particular Iberdrola, la multinacional de servicios públicos y Endesa, la subsidiaria de la italiana Enel", están teniendo que hacer frente al impuesto sobre los conocidos como "beneficios caídos del cielo". Es decir, que deberán devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan.
El Gobierno de Pedro Sánchez estimó que la medida recaudaría alrededor de 2.600 millones de euros durante los seis meses de vigencia que tendrá, pero el encarecimiento continuo de la materia prima implica que el gravamen puede costar ahora a las empresas involucradas más de 5.500 millones de euros, según apunta el diario, lo que según los grupos "muestra que fue desproporcionado y mal concebido".
Kristian Ruby, secretario general de Eurelectric, que es quien ha impulsado la carta, asegura que Bruselas debería dejar en claro que el impuesto español contraviene la ley de la UE. "En última instancia, buscaremos que la Comisión adopte una postura clara sobre lo que ha implementado el gobierno español", apunta Ruby en el texto. "Si todos los estados miembros [toman medidas] como España, no hay duda de que ralentizará o incluso descarrilará la transición energética", zanja.
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