Carulla lleva a Hacienda a la Audiencia por otra inspección en Gallina Blanca

  • La familia dueña del holding GB Foods acaba de recurrir una liquidación formalizada tras una investigación del IRPF de tres años. 
Imagen de un envase de Gallina Blanca, controlada por Agrolimen.
Imagen de un envase de Gallina Blanca, controlada por Agrolimen.

Una nueva liquidación... y una nueva batalla judicial. La familia Carulla, dueños de la mayoría acccionarial del holding GB Foods -con el que controla marcas como Gallina Blanca o El Pavo en el sector de la alimentación-, plantan cara a la Agencia Tributaria en los tribunales. Lo hacen con un recurso ante la Audiencia Nacional tras una investigación fiscal por el IRPF de tres años. Hacienda ya le dio la razón parcialmente, aunque quiere llegar hasta el final.

Todo arranca en la Navidad de 2015. El grupo recibe las actas definitivas de la inspección arrancada dos años y medio antes. Corresponde a los ejercicios entre 2009 y 2011 para el IRPF de todo el grupo. ¿La cuantía? La compañía no la precisa, pero sí que es relativamente significativa, pues en otra de las investigaciones sí que insiste en que el impacto "no es significativo".  Casi un año después presenta alegaciones ante el Tribunal Económico y Administrativo Central (TEAC). A principios de este año, recibe su resolución: estimaban parte de sus pretensiones económicas. No se quiso quedar ahí.

Según explica en la memoria correspondiente al año 2018 recién presentada en el Registro Mercantil, la compañía no está de acuerdo y quiere que la Audiencia Nacional se pronuncie. Por tanto, el pasado mes de febrero interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la resolución. ¿Cuándo habrá respuesta? Es imprevisible, pero este tipo de pronunciamientos se alargan, en la mayoría de las ocasiones, por encima del año.

No es el único caso que la compañía ha ido hasta el final. Otra inspección realizada sobre la sociedad Gallina Blanca SAU (para el IRPF de 2008 a 2011) también ha sido denunciada en los tribunales. Primero en el TEAC, sin éxito. Y luego en la Audiencia Nacional en el verano de 2017. En octubre pasado se le comunicó que sólo quedaba pendiente la votación y el fallo por parte del tribunal. A cierre del ejercicio no había pronunciamiento. 

A estas batallas se suman otras que sostiene en el extranjero. En concreto en Argelia donde cuenta con tres liquidaciones comunicadas en los dos últimos años tras diversas investigaciones. Todas ellas están recurridas, pero ninguna tiene una resolución definitiva, según detallan.

Más dinero para las 'aventuras' africanas

Al margen de todos los pleitos por inspecciones fiscales, GB Foods mantuvo durante el año pasado su apuesta por hacer crecer su negocio en África. Ya en 2017 se lanzó a comprar activos y algunas sociedades en el continente (además de otros en Reino Unido o Hong-Kong) para tratar de acelerar hacer crecer el negocio. Junto a esto tuvo que 'rescatar' a varias filiales con 400 millones a través de diversas ampliaciones. Ahora, el desembolso ha sido menor. Se ha gastado casi 25 millones en tres sociedades de Nigeria y Ghana en varias operaciones para reforzar el capital.

Con esta apuesta por el mercado africano, el reparto del negocio de la compañía de la familia Carulla no deja de cambiar. Si en el año 2017, este continente se 'comía' el 37% del total de las ventas, en 2018 se eleva hasta el 42%. Es prácticamente todo lo que le ha 'robado' a la Unión Europea que se acerca al 55% (hace dos años era del 80%).

Hoy GB Foods, que acoge a la marca estrella Gallina Blanca y otras como Jumbo (África) o Grand´Italia (Italia), busca también diversificar en marcas. Y por eso el año pasado sacó la chequera para hacerse con el 50% de la sociedad Salsas de Salteras, fundada hace varios años en Sevilla y que produce salmorejo y gazpacho y otras salsas (está presente en lineales de Mercadona o Aldi). ¿Cuánto pagó? Se desconocía, hasta que lo ha desvelado en las cuentas. Pagó el 13,5 millones de euros por una adquisición que se hará por fases: se completó el 50% y tiene una opción de compra por el resto que se podrá ejercer entre 2022 y 2025.

'Tirón de orejas' a la cúpula

En total, el grupo cerró el año con unos ingresos de 758 millones de euros, lo que supone un crecimiento de casi un 4% respecto al año anterior. Logró unos beneficios netos atribuible a la sociedad dominante de 48,4 millones de euros, con una plantilla de algo más de 2.200 empleados.

La auditora del grupo, PwC, pone el acento en su informe en la falta de transparencia sobre los sueldos, remuneraciones de cualquier tipo o dietas pagados durante el ejercicio y el anterior al personal de alta dirección, así como cualquier tipo de anticipos u obligaciones en materia de pensiones. 

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