El archivo de la querella del Castor por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela no cierra el caso. Las tres organizaciones que presentaron la querella contra cinco exministros y el presidente de ACS, Florentino Pérez, han anunciado que recurrirán la decisión. Además, los querellantes esperan que la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, se pronuncie sobre el caso para acudir a los tribunales de la UE y evitar que los usuarios de gas españoles paguen durante los próximos 30 años más de 4.000 millones a los bancos que asumieron la deuda del proyecto.
Las tres organizaciones que presentaron en febrero pasado la querella por el caso Castor -el Observatori del Deute en la Globalització (ODG), el proyecto activista Xnet y el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)- no están solas en la batalla que ahora intentan trasladar a Europa. Cuentan con el repaldo de una organización más amplia, Counter Balance, que agrupa 21 ONGs europeas y que ha asumido como propio el caso del Castor.
En la estrategia de los reclamantes hay una acción clave: una nueva reclamación ante Emily O'Reilly por la respuesta que ofreció sobre el caso el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la institución comunitaria que garantizó y sufragó el proyecto Castor. EL BEI financió el Proyecto Castor con 500 millones de euros: 200 a través de una línea de liquidez y 300 en la compra de parte de los bonos emitidos.
Ni evaluación, ni control
El informe del BEI sobre el Castor, a petición de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Séni -con el apoyo del defensor del Pueblo de Cataluña (Sindic de Greuges)-, admitió que no evaluó ni controló de forma adecuada aspectos como el riesgo sísmico del proyecto, el factor que hizo fracasar la construcción de la infraestructura. Pese a ello, el BEI -que recuperó la inversión- se limitó a asumir algunas recomendaciones de “mejora” en los procedimientos internos, pero se negó a asumir las responsabilidades sobre la financiación.
La polémica sobre el Castor también llegó al Defensor del Pueblo en España, cuando dirigía la institución Soledad Becerril. La defensora se inhibió en el caso, según consta en el informe del año 2014, porque "el recurso había sido ya presentado por otros sujetos legitimados para ello". Becerril aludía al recurso interpuesto por la Generalitat contra el Real Decreto-Ley del Gobierno Rajoy de 2014 que compensó a ACS y a sus socios canadienses por la paralización del proyecto. En diciembre del año pasado, el Constitucional anuló parcialmente el decreto de indemnización -no la compensación en sí- al entender que la vía de urgencia no estaba justificada.
La sentencia del Constitucional agitó un caso que está abierto desde 2013, cuando el Gobierno suspendió la inyección de gas en el almacenamiento subterráneo, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona. Con la decisión del Constitucional, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) suspendió casi inmediatamente los pagos mensuales a los bancos que habían adelantado la compensación a los promotores del almacén.
El pleito de los bancos
Con la vía penal paralizada en la Audiencia Nacional, la pugna legal en España queda para los bancos. La reclamación de Caixa, Santander y Bankia sostiene que la inconstitucionalidad del Real Decreto-ley, decretada el pasado 22 de diciembre, no debe ocasionar "ninguna pérdida" a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general.
El nuevo Gobierno socialista tiene hasta octubre para resolver la reclamación que los bancos presentaron en abril. Antes debe solicitar el preceptivo informe al Consejo de Estado. Y durante el tiempo que el Consejo tarde en elaborar el dictamen el reloj se para.
El pleito, admiten fuentes bancarias, puede ir para largo. Y sea cual sea su final, el consumidor acabará pagando. Lloverá sobre mojado. Sobre el recibo del gas han caído, uno tras otro, los costes derivados de decisiones discutibles. Están detalladas en la orden ministerial de peajes para 2018 que Energía publicó el 27 de diciembre pasado. La orden detalla cómo una gestión discutible desde hace más de una década ha descargado sobre el bolsillo de los ciudadanos 338 millones de agujero -a cubrir este año- en el negocio del gas. Esa cifra supone en torno al 10% de los costes previstos del sistema. Y lo que viene.
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