El mayor grupo de VTC abre su cúpula a algunos empresarios españoles VIP. Moove Cars es el mayor gestor de estas licencias. Su líder es Jaime Castellanos, expresidente de Recoletos y presidente del banco de inversión Lazard. Y ahora acaba de dar entrada a tres nuevos consejeros a la cúpula del entramado de empresas. Entre ellos destaca el jefe de Representación del grupo automovilístico Daimler para España y Latinoamérica, José Luis López-Schummer.
Moove Cars arrancó como tal a mediados de 2017. La sociedad era una de las filiales con las que Cabify controlaba varias decenas de licencias VTC para operarlas. Hasta que aterrizó una serie de empresarios ajenos a este sector: Jaime Castellanos, Jon Riberas, presidente de Gonvarri; Manuel Puga, exdirectivo de Adif, o Pedro del Corro, director general de Torreal, firma de inversión Juan Abelló. Era sólo el comienzo de un asalto mucho mayor.
A principios de 2018 se producía un acuerdo a tres bandas: Moove Cars, el 'hedge fund' King Street Capital y Ares Capital, compañía fundada por los hermanos Ortigüela y dueña de casi 4.000 licencias VTC. El intermediario fue la plataforma Uber, que consiguió un acuerdo de exclusividad para que todas esas autorizaciones (y coches) operen en exclusiva con ellos.
Ahora llegan nuevos consejeros a la cúpula. El más destacado es José Luis López-Schummer, expresidente de Mercedes Benz España y ahora responsable de Representación de Daimler para este país y Latinoamérica. Pero no es el único. Se suman María Segimon, consejera independiente y miembro de la comisión ejecutiva de la socimi Hispania, y Alfredo Ruiz-Plaza, antiguo directivo del grupo Hertz y de la multinacional británica Compass Group. ¿A quién sustituyen? Básicamente a dos directivos del fondo King Street, que salen de la cúpula. Como representante de este vehículo sigue estando David Walch, trader con sede en Londres, y también al analista Nicolás Guardans Bonet.
Los tres aterrizan como consejeros en la compañía dueña de Ares Capital: Siargao Directorship. Es sólo la primera capa de un entramado de sociedades que acaba en Luxemburgo. Esta primera tiene un dueño: Garament Investments. En esta última también aparecen estos tres nuevos representantes. El socio único es un fondo radicado en Luxemburgo: Stone Peak Plum Investments II Sarl. Según fuentes del mercado, no ha habido inversión económica.
Gestión desde Luxemburgo... y las Islas Vírgenes
La estructura corporativa es muy compleja. A las dos sociedades creadas en España se suman otras tres en Luxemburgo que, finalmente, cuelgan de una matriz radicada en las Islas Vírgenes, un paraíso fiscal con una gran opacidad, tal y como adelantó Infolibre. Fue ésta última compañía la que llevó a cabo una inyección de 157 millones de euros a principios del pasado año para financiar la compra de Ares Capital, cuyo importe superó, según explicó La Información, los 140 millones.
Al margen de su estructura internacional, la información facilitada por las españolas es mínima. Tanto Siargao Directorship como Garment Investments, ambas sociedades pantalla creadas por encima de Ares Capital, no incluyen ningún detalle ni del reparto accionarial, ni de ingresos, ni de aportaciones de capital. Ambas cerraron 2017 sin actividad económica, ni activos. Pero tampoco hacen mención a la compra del gigante de las licencias a principios de 2018, justo después del cierre. En muchas ocasiones las empresas informan de acontecimientos posteriores a la finalización formal del ejercicio fiscal. En esta ocasión, tampoco ha sucedido.
Frenazo de sentencias del Supremo
Este movimiento en la cúpula de Moove Cars se ha comunicado al Registro Mercantil en un momento en el que se ha producido un frenazo de sentencias del Tribunal Supremo confirmando la concesión de licencias VTC pedidas antes de 2015. Precisamente, los últimos pronunciamientos se refieren a Ares Capital: luz verde a 50 autorizaciones para la Comunidad Valenciana.
Desde que ha arrancado el año se han emitido menos de diez sentencias en el Tribunal Supremo. Después del importante 'subidón' de autorizaciones de mediados del año pasado, la concesión judicial se ha frenado de manera significativa. El pasado mes de febrero fue un ejemplo: sólo se sumaron 125 más hasta superar por poco las 13.500 en toda España.
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