Indra vuelve a estar solo en el mercado español de la gestión del escrutinio y recuento electoral. Y los comicios autonómicos de Castilla y León han sido la certificación para corroborarlo. El Gobierno regional ha entregado a dedo, por vía de emergencia, el contrato a la empresa semipública de cara a la cita del próximo 13 de febrero. Lo hace en un informe en el que asegura que la compañía presidida por Marc Murtra es la única con capacidad económica y técnica de asumir el contrato de 4,4 millones de euros, cinco veces lo ingresado por la catalana Scytl y Vector hace tres años. Este es el pistoletazo de salida de un ciclo electoral con hasta 13 citas con las urnas que debería culminar en las generales del próximo año 2023.
El pasado 20 de diciembre, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, abría la caja de los truenos al romper el pacto de gobierno con Ciudadanos y convocó elecciones anticipadas. Con dos meses por delante, el Ejecutivo entendía que no tenía tiempo suficiente para hacer un procedimiento de adjudicación al uso. "Resulta imposible iniciar los contratos necesarios con la antelación imprescindible", asegura en el expediente. Por eso se agarra a la tramitación de emergencia, que también fue utilizado por el Gobierno de Pedro Sánchez para entregar este mismo contrato para las generales de 2019 a la propia Indra.
En el expediente, la Junta admite que la oferta de este mercado es muy limitada, con pocos proveedores que pueden desarrollar con garantías unos servicios complejos en el terreno tecnológico. Se basa en el análisis reciente que llevó a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dentro de su investigación por supuesto cártel -que acabó siendo desestimada-. Incluye a Indra, Scytl, Ibermática y otras mucho más pequeñas. La semipública ha contado desde 2015 hasta 2021 con una cuota de mercado del 70% según los datos del regulador presidido por Cani Fernández. Ya sólo la necesidad de cumplir con los plazos, según el Ejecutivo regional, "aconsejaría contratar con la empresa con mayor posición de mercado" (Indra).
Sobre la capacidad técnica, la Junta se apoya en la decisión del Gobierno de eliminar del contrato marco a Scytl por el "deficiente trabajo" y el incumplimiento en el pasado. "Resulta acreditado que tan solo Indra resulta capaz económica y teóricamente de asumir el contrato", asegura. De esta forma se adjudica de manera directa a la empresa participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) estos trabajos. Es decir, no se hace concurso y se entrega 'a dedo'. Y lo hace a un precio muy superior al que se hicieron los comicios pasados.
En el año 2019, estos mismos trabajos fueron ejecutados precisamente por la UTE conformada por Scytl y la tecnológica Vector. En esa ocasión se hizo por medio de una contratación de urgencia en un proceso negociado sin publicidad. Fue la única admitida a este proceso, porque no se presentaron más compañías. En total el desembolso fue de 900.000 euros (en 2015 el precio total pagado precisamente a Indra fue de 777.000 euros). Ahora, el presupuesto de la Comunidad tendrá que hacer frente al desembolso de 4,47 millones de euros, lo que supone prácticamente quintuplicarlo.
Indra se vuelve a quedar sola en un mercado en el que únicamente tiene a Ibermática, que es un proveedor local con sede en País Vasco y que, tradicionalmente, se ha encargado de la gestión del recuento en este territorio sin mayor influencia en otros comicios. Esa soledad fue la que se mantuvo durante varias décadas, con sólo una excepción: las elecciones del año 1982, en la que el PSOE ganó la mayoría absoluta. Ahí logró la victoria el gigante estadounidense IBM. A partir de la privatización, a finales de los 90, su dominio fue aplastante. Hasta que en 2015 irrumpió en la escena Scytl, una desconocida empresa catalana para el gran público, que se quedó con el contrato de las generales. A partir surgió una pugna entre ambas, que llevó a una guerra de precios que recortó el coste de estos servicios para las administraciones públicas.
Scytl, en situación delicada
Ahora, Scytl se encuentra en una situación especialmente delicada. Entró en concurso de acreedores, ahogada por las deudas con los bancos, y acabó vendida a precio de derribo y con una quita financiera de casi el 100% a la antigua Service Point (hoy llamada Innovativa Solutions Ecosystem), controlado por el grupo irlandés de software Paragon. Pagaron apenas 5 millones de euros por la unidad de negocio de elecciones y la de consultas privadas lanzado junto a Telefónica. Pese a la dificultad, busca resarcirse del daño reputacional en España tras el rechazo claro del Ministerio del Interior por los problemas surgidos en 2019. Eso sí, no precisa si participará en el resto de licitaciones, porque el acuerdo marco del que fue sacado tenía una duración hasta 2022. Sus dueños aseguran que ahora ofrecen sólo "servicios de software de modernización electoral y voto online seguro".
Este dominio de Indra se consolida ante un nuevo ciclo electoral que debería culminar con las próximas elecciones generales. En concreto, este año estarían pendientes también las de Andalucía, que el Ejecutivo de PP y Ciudadanos debería convocar a mediados de año. Para el próximo ejercicio quedan todas las demás, excepto Galicia, Cataluña y País Vasco, que serán más adelante en caso de que no haya rupturas de pactos entre las diferentes formaciones. Es decir, en los dos próximos ejercicios la empresa semipública afrontaría un total de 13 citas con las urnas regionales, además de las generales que tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado están previstas para mediados de 2023.
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