La Audiencia Nacional lo enterró; el Gobierno del PP lo ignoró; el Constitucional lo cuestionó; Competencia frenó los pagos y los bancos que financiaron el desastre clamaron al cielo. Pero el caso Castor sigue vivo cinco años después. El pleno del Congreso va a debatir la constitución de una comisión de investigación sobre el proyecto de almacén de gas que el Gobierno paralizó en el año 2013 y por el que el Estado indemnizó con 1.350 millones -banca mediante- a las constructoras ACS y Dundee-CLP. La propuesta de investigación está impulsada por Podemos y Compromís y tiene el apoyo del PSOE.
El polémico caso Castor no está muerto, está hibernado. La Audiencia Nacional archivó en junio la querella presentada por varias asociaciones ciudadanas contra los responsables de la construcción (Florentino Pérez entre ellos) y contra cinco exministros del PSOE y del PP, entre otros altos cargos. Pero el debate sigue. La banca, que adelantó la indemnización a las constructoras, mantiene la reclamación que planteó ante el Gobierno y la controversia política se mantiene en el Congreso.
Josep Vendrell (En Comú Podem) cree que la propuesta para crear una comisión de investigación en el Congreso puede prosperar. En la junta de portavoces de la pasada semana, según Vendrell, no hubo oposición de ningún partido. En estos momentos hay tres comisiones de investigación abiertas en el Parlamento (financiación del PP, crisis financiera y Spanair), pero una de ellas, la que analiza la crisis financiera, está prácticamente cerrada. Habría espacio para Castor.
Presidencia y comparecientes
Si la propuesta prospera, los partidos tendrán que acordar y constituir la mesa de la comisión, decidir quién la preside y concretar un plan de trabajo, con lista de comparecientes incluida. Fuentes del PP señalaron a La Información que no habían decidido si habrá apoyo o abstención a la iniciativa. Las mismas fuentes daban por hecho, no obstante, que se constituirá. El PSOE sí avanzó que apoyará el proyecto.
La clave de la investigación que reclaman Podemos y Compromís son las comparecencias. En la querella archivada por la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional, los querellantes -Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Xnet y el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)- exigían responsabilidades a exministros, empresarios y altos cargos.
En concreto, la querella se dirigía contra los exministros socialistas Joan Clos y Miguel Sebastián, que ocuparon la cartera de Industria; Magdalena Álvarez, titular de Fomento, y Elena Espinosa, de Agricultura; así como contra José Manuel Soria (PP), por su etapa en Industria.
Interpuesta por presuntos delitos de prevaricación, estafa, fraude a la Administración y malversación, se extendía además contra el presidente de Escal UGS -concesionaria del proyecto-, Recaredo del Potro; contra Florentino Pérez, por la participación del 60% que tenía ACS; contra el ex secretario general de Energía socialista, Ignasi Nieto, y contra el exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, del PP.
Recurso al Constitucional
Los querellantes han anunciado que recurrirán al Constitucional el archivo de la causa que fue refrendado por la Sala Penal de la Audiencia. Es un paso necesario, señalan, para acudir después a los tribunales europeos. Tras la pelea legal hay un convencimiento que portavoces de los querellantes como Simona Levi han expresado en más de una ocasión: "Los Gobiernos son de signo diferentes pero están unidos por un común denominador que es siempre igual: ACS y Florentino Pérez".
El caso Castor también está vivo en Bruselas. Esta semana, la organización 'Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation en la UE (ALTER-EU)' analiza en la capital belga la actividad de los 'lobbies' y las alianzas público-privadas en grandes proyectos. En las reuniones internas hay presencia de organizaciones sociales españolas y el caso Castor será uno de los temas que se abordarán para incluirlo en el informe final.
El debate y la posible investigación de responsabilidades políticas en el proyecto Castor contrasta con la tregua -no declarada pero real- de la banca hacia el Gobierno por el caso. Bankia, Naturgy y Santander presentaron en abril una reclamación al Estado para recuperar los 1.350 millones que adelantaron para cubrir la indemnización a ACS y Dundee por el cierre del proyecto.
Los bancos tenían el compromiso de cobrar cada mes y durante 30 años hasta recuperar el dinero adelantado con sus intereses. Dejaron de cobrar en febrero, después de que el Tribunal Constitucional cuestionara el decreto que autorizó la indemnización. Desde entonces, nada se ha movido.
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