La Audiencia Nacional ha archivado la querella contra cinco exministros -cuatro socialistas y uno del PP-, interpuesta por tres asociaciones en febrero por el fiasco del almacén de gas Castor. Pero ya es tarde. La polémica por los 1.400 millones, sin contar los intereses, que se evaporaron con el proyecto de ACS y sus socios canadienses de Dundee Energy se ha colado en la celebración del 60 cumpleaños del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El BEI fue la entidad que garantizó y financió el proyecto. Por su parte, Santander, Caixa y Bankia mantienen la reclamación para cobrar los 1.350 millones que adelantaron para cubrir el agujero del almacén.
Dos decenas de ONGs europeas, agrupadas en el proyecto Counter Balance, han remitido una carta a los gobernadores del BEI -incluida la ministra española de Economía Nadia Calviño- en la que instan a la institución a mejorar sus procedimientos. El BEI se creó en 1958 para financiar proyectos de interés europeo y está dirigido por los ministros de Economía de los 28 socios de la UE. La carta menciona expresamente la polémica que rodea al Castor. El BEI ha admitido en un reciente informe que no valoró debidamente los riesgos del almacén.
"El BEI -señala la misiva de Counter Balance- ha apoyado varios proyectos que resultaron ser fiascos financieros para las deudas nacionales y también para los ciudadanos, desde el proyecto Castor -entre otros- en el Estado español (...) hasta varios proyectos en Irlanda o Grecia, identificados por el Tribunal de Cuentas Europeo". Y concluye que "el interés público debería prevalecer en todos los instrumentos financieros gestionados por el BEI".
La carta al BEI apunta al papel destacado que la institución europea mantuvo en el caso Castor. De forma directa porque el BEI, junto a ACS, aplicó al proyecto un sistema de financiación pionero en Europa denominado 'Project Bond Credit Enhancement' -emisión de deuda vinculada a un proyecto- para respaldar una emisión de bonos privada de 1.350 millones. Y de forma indirecta porque su presencia en el proyecto fracasado justificó la devolución de lo invertido a sus promotores, incluido el BEI, para no debilitar la confianza internacional en la solidez de una economía que estaba al borde del rescate.
Aunque el BEI ha reconocido que no estuvo muy acertado con Castor, no ha admitido más responsabilidad. El almacén de gas se cerró en 2013 porque al inyectar hidrocarburos en la fosa se provocaron cientos de terremotos frente a las costas de Castellón. El BEI se defiende y argumenta, en esencia, que “no existían estándares o directrices industriales” para valorar estos riesgos. Resultado: no cabe reclamación.
Falta de transparencia
Pero sí cabe la crítica. Las ONGs de Counter Balance reclaman al BEI que aumente la transparencia tanto en sus órganos de gobierno como a nivel del proyecto. "En lugar de esconderse sistemáticamente detrás de la confidencialidad comercial -explican a los gobernadores de la entidad-, el banco debería "prestar especial atención a aumentar la transparencia de las operaciones del BEI a través de intermediarios financieros (principalmente bancos comerciales y fondos de inversión)".
Tras la decisión de la jueza Carmen Lamela de archivar la querella presentada en febrero por el Observatori del Deute en la Globalització (ODG), el proyecto activista Xnet y el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), la vía penal queda cegada. Al menos temporalmente ya que los querellantes han anunciado recurso.
Lo que no se cierra es la polémica desatada después de que el Tribunal Constitucional tumbara en diciembre pasado el Real Decreto-Ley por el que el Gobierno de Mariano Rajoy compensó con 1.350 millones a ACS y sus socios. Como en una carambola, la decisión del Constitucional obligó a congelar los pagos pactados con los tres bancos que habían adelantado el dinero: Santander (700 millones), Caixa (400) y Bankia (250).
Responsabilidad del Estado
Los tres bancos presentaron en abril ante el Ministerio de Energía una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que exigen el dinero adelantado y una compensación por los posibles daños causados. La posibilidad de acciones en la vía contencioso-administrativa está abierta porque las tres entidades no quieren renunciar sin pelea al jugoso negocio que pactaron en 2014: compra de la deuda del Castor a cambio de cobrar un interés del 4,3% anual durante 30 años. Un dinero.
El choque de la banca con el Ministerio de Energía del exministro Álvaro Nadal fue discreto pero intenso. Las tres entidades coordinaron estrategia y contrataron asesores externos, entre ellos el despacho británico Linklaters, con una amplia experiencia en pleitos y arbitrajes internacionales. El reciente cambio de Gobierno no ha cambiado el escenario. Fuentes de los tres bancos aseguran que no ha habido ni contactos con la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ni cambio de estrategia.
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