Y Cataluña sacó su decreto. El Govern de la Generalitat de Cataluña, junto con el PSC, han sacado adelante hoy un decreto ley por el que se regulan las licencias VTC en la comunidad. Después de descartar la solicitud de una prórroga del llamado 'decreto Ábalos', cuyo plazo acababa en octubre, lanza una regulación especialmente restrictiva contra estas autorizaciones que utilizan compañías como Uber, Cabify o Bolt. De facto, el número de permisos que podrán operar se podrían reducir hasta un máximo de 2.500 frente a las 4.000 registradas. A esto hay que sumar condiciones como la longitud de los vehículos, que obligarán a cambiar prácticamente todas las flotas. Las plataformas han mostrado su rechazo frontal, mientras que el taxi ha aplaudido la medida.
Hace varias semanas, tanto Cataluña como otras comunidades como la Valenciana habían planteado la posibilidad de una moratoria del 'decreto Ábalos' mientras analizaban qué hacer con la regulación y el Tribunal Supremo (y el de Europa) se pronunciaban. Se iba a plantear en una reunión con el Ministerio de Fomento. El taxi catalán amenazó con movilizaciones si se llevaba a cabo esa medida. Querían que se aprobara el decreto definitivamente, cuyo borrador ya estaba sobre la mesa. Finalmente, el Govern ha optado por aprobar, con el respaldo del PSC, ese decreto ley.
La principal restricción que impone el decreto tiene que ver con el número de licencias. Debido a que las autorizaciones expedidas habían sido respaldadas por el Tribunal Supremo, el decreto lo que hace es reducir los que pueden prestar servicios en la comunidad con una segunda licencia para operar en trayectos urbanos. ¿Cómo? Hoy algo más de 4.000 expedidas, según cifras del propio Govern. Sin embargo, en el registro del Ministerio de Fomento existen algo más de 2.500, pues cuentan con un vehículo adscrito -hay empresas y flotas que las mantienen sin coches después de los recortes vividos en la pandemia-.
Sólo esas podrían operar. Pero hay una segunda condición que podría reducir aún más esa cifra: de esas sólo trabajarán las que hayan justificado al menos 100 viajes en el último año a contar desde la entrada en vigor del decreto. La estimación del Govern es que esto sólo lo cumplen algo menos de 1.500. Desde el sector de la VTC entienden que esa cifra no se corresponde con la realidad, pues si un coche está vinculado a una tarjeta es porque está activo con servicios.
Coches de alta gama
Estas no son las únicas restricciones. Hay otra más relevante. El vehículo que se adscriba a la autorización debe tener una longitud como mínimo de 4,90 metros y debe disponer de una clasificación ambiental de etiqueta 0 o ECO. Esto reduce aún más las posibilidades. De esta forma, según defiende el Govern, las VTC regresan a un servicio vinculado a las limusinas o vehículos relativamente grandes. Pero desde las compañías de VTC lamentan que esta es una restricción muy relevante, que obligará a hacer un cambio integral de las flotas con una oferta de vehículos con esas características muy limitadas.
Estas son las nuevas restricciones. Las que ya estaban vivas después del decreto aprobado en el año 2019 también se mantienen. Esto es el tiempo de espera de precontratación de 15 minutos y la prohibición de la geolocalización. El decreto plantea sanciones que van desde los 200 a los 6.000 euros. A partir de ahora habrá que tramitar el decreto en el Parlament. El Govern, presidido por Pere Aragonés, cuenta con el voto a favor del Partido Socialista de Cataluña (PSC), que ha impulsado una regulación más restrictiva para las VTC y favorable al sector del taxi. Éste último ha mostrado su respaldo y se ha felicitado por el texto.
El sector de la VTC ha mostrado su rechazo a este documento. Cabify, que opera en la comunidad a través de su filial Prestige and Limousine, ha asegurado estar "profundamente consternada" ante la aprobación del decreto. Insiste en que la normativa "reduce significativamente las opciones de movilidad sostenible". "Provocarán que miles de profesionales pierdan sus puestos de trabajo en los próximos meses", apunta.
Al ser un decreto ley no será ni mucho menos fácil de recurrir ante el Tribunal Constitucional por parte del sector de la VTC, según explican a La Información fuentes del sector. Como ha sucedido en otras ocasiones sólo se puede hacer con una cuestión prejudicial a través de una denuncia ante un Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma o a través de la petición por parte de un grupo político con más de 50 diputados.
Se cumplen más de cinco años desde que estallara lo que se conoce como la 'guerra del taxi' después de que un agujero en la llamada 'ley ómnibus' permitiera solicitar miles de licencias VTC, que fueron finalmente 'autorizadas' por el Tribunal Supremo. Esto hizo saltar por los aires la llamada ratio 1-30 de VTC frente al taxi y llevó tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas a regular. La norma más relevante hasta ahora era el llamado 'decreto Ábalos', que daba cuatro años de periodo de gracia a los dueños de estas licencias antes de que las regiones plantearan sus propias reglas del juego. Ese periodo acaba este mes de octubre. Otras comunidades como Andalucía aún no han movido ficha.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios