Ventas de seguros y refinanciaciones

AEB, CECA y CNMC habilitan un 'teléfono rojo' para evitar el abuso con créditos ICO

Isidro Fainé, José María Marín Quemada y José María Roldán, presidentes de CECA, CNMC y AEB, respectivamente.
Isidro Fainé, José María Marín Quemada y José María Roldán, presidentes de CECA, CNMC y AEB, respectivamente.
L.I.

Los créditos ICO siguen dando que hablar. Una de las medidas estrellas del Ejecutivo de Pedro Sánchez para paliar las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus, la línea de 100.000 millones en avales para que la banca regase de liquidez a autónomos, pymes y empresas, sigue su curso tras la liberación por parte del Gobierno del cuarto tramo de garantías. En cambio, los problemas iniciales y las denuncias de retrasos a la hora de conceder esta "ayuda", según los denominaron miembros del propio Ejecutivo, llevaron a que tuviesen lugar quejas de consumidores a través de la CNMC que han puesto en guardia a las asociaciones bancarias CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros) y AEB (Asociación Española de Banca). Este hecho ha facilitado la creación de una suerte de 'teléfono rojo' entre las tres instituciones para poder solucionar, cuanto antes, las deficiencias encontradas. 

En concreto, estas asociaciones que reúnen a la gran banca española son las encargadas de, según confirman fuentes conocedoras, recoger y tratar de solucionar los problemas relacionados con las quejas y denuncias que recibe la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a través del buzón Covid-19 que habilitó al comienzo de la panademia. En concreto, y de acuerdo con la información que facilitan fuentes financieras, al inicio del proceso de comercialización la mayoría de estas quejas tenían que ver con la venta cruzada de productos de seguros, práctica que se ha ido diluyendo con el paso de las semanas. 

Cabe recordar que fue el propio Gobierno el que señaló expresamente la prohibición de llevar a cabo dicha venta, ya que habían salido a la luz varias de estas prácticas para las que, en algunos casos, el precio del seguro era incluso superior al del principal del préstamo. Según confirman las mismas fuentes, fue a través de estas asociaciones cómo se actuó para evitar que estos contratos siguiesen desarrollándose, algo que en la propia banca ya consideran erradicado. 

Tras la caída de las quejas por este tema, AEB y CECA fueron conocedoras de otra práctica "poco ortodoxa" que se estaba llevando a cabo en algunas de las oficinas de la gran banca: la refinanciación de préstamos antiguos aprovechando las garantías públicas. "No podrán financiarse con cargo a la Línea de Avales las unificaciones y reestructuraciones de préstamos, así como la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes", rezan las normas de estas líneas de avales que se han puesto en marcha con el apoyo del Instituto de Crédito Oficial (ICO). 

Al recibir las quejas la CNMC tenía varias opciones, tratar de solucionar directamente los problemas que manifestaban los consumidores, como ha hecho a través de CECA y AEB, o iniciar expedientes para el estudio de las mismas que se podrían prolongar por entre doce y dieciocho meses. "Estamos en un momento de emergencia y las actuaciones tienen que ser de emergencia", señalan fuentes cercanas, "es momento de una conexión directa y continua".

Por ello, las patronales bancarias que presiden José María Roldán y Isidro Fainé, respectivamente, están en contacto directo con la CNMC que les trasmite, para que ellos lo hagan a sus asociados, las deficiencias que se remiten al organismo encargado de vigilar la competencia por parte de las asociaciones de consumidores y de personas individuales que han sufrido dichos "abusos", asegurando el 'fair play' de las instituciones financieras con sus clientes. 

Casi un 30% de los avales, para grandes empresas

Las quejas suscitadas entre autónomos y pymes, sobre todo, siguen sucediéndose más allá de por estos temas, canalizados por las grandes asociaciones hasta el buzón de quejas de la CNMC, por la tardanza en recibir el préstamo aprobado por parte de los bancos. Así, y pese a que se han puesto a disposición del sistema financiero 80.000 millones de euros en avales, según las últimas cifras hechas públicas por el Ministerio de Asuntos Económicos, a fecha de este domingo, el ICO había avalado 462.614 operaciones con garantías por valor de 44.096 millones y una liquidez puesta en el mercado de 57.852 millones de euros.

Del conjunto de transacciones, el 98% ha ido destinada a pequeñas y medianas empresas y autónomos, y el 2% restante para compañías más grandes. Si se compara las cuantías de avales, el resultado es diferente. De los poco más de 44.000 millones, un 72% -unos 31.000 millones- se corresponden con los trabajadores por cuenta propia y pymes, los que más necesitan la liquidez, mientras que más de 12.000 millones se han dedicado a las grandes corporaciones que cuentan con garantías por entre el 60 y el 70% del préstamo. 

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