El consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar, ha advertido de la afección que generaría el nuevo impuesto a las energéticas sobre el programa de inversiones de la petrolera, situación ante la cual recurrirán esta tasa ante los tribunales si se aprueba en su actual diseño. "El nuevo impuesto a las energéticas, tal y como está diseñado, afectaría a nuestro programa de inversión, en un momento en que España y Europa necesitan acelerar las inversiones para luchar contra el cambio climático y garantizar la seguridad de suministro", ha asegurado.
"Somos conscientes de que este es un momento difícil para los consumidores españoles de energía, por ello, hemos ofrecido importantes descuentos en el precio de los combustibles, lo que ha impactado de manera relevante en nuestro negocio de estaciones de servicio" ha destacado Wetselaar en referencia a los 88 millones de euros que han supuesto los descuentos ofrecidos por Cepsa a sus clientes desde que se inició la crisis y que se suman a los descuentos ya ofrecidos por el Gobierno.
"Estamos dispuestos a seguir contribuyendo en tiempos de crisis, pero este impuesto es desproporcionado y está mal diseñado, al gravar ingresos y no beneficios, al tiempo que establece un alcance de dos años en un entorno de alta volatilidad, por lo que esta figura fiscal crea una gran incertidumbre. Creemos que adoptar el modelo europeo impositivo es la mejor manera de proteger la competitividad de las empresas españolas. Si se aprueba la ley cómo está diseñada, no tendremos otro remedio que impugnarla en los tribunales españoles y europeos", ha concluido el CEO de Cepsa.
El tributo, con el que el Gobierno pretende recaudar 2.000 millones de euros al año no deducibles del Impuesto de Sociedades, es un gravamen del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocio de las empresas energéticas que facturaron más de 1.000 millones en 2019 y al menos el 50% en los tres ejercicios previos. Se aplicará en los ejercicios fiscales de 2022 y 2023, y las empresas tendrán que adelantar el 50% del importe.
Por contra, el impuesto diseñado por Bruselas, que se circunscribe a las actividades de petróleo, refinería, gas natural y carbón, grava las ganancias extraordinarias de estas empresas derivadas de la crisis energética, no los ingresos.
