El celo mostrado por la Junta Europea de Resolución (JUR) llega hasta la letra pequeña del contrato firmado con Deloitte. El organismo presidido por Elke König desvela en información remitida a afectados que abonará 3 millones de euros a la firma por los trabajos de valoración del Popular, aunque el documento esconde bajo tachones pasajes que impiden conocer cuál fue el mandato específico o si pudo establecer algún tipo de criterio que condicionase la labor. Así lo ha denunciado la Asociación Independiente de Afectados por el Banco Popular (AIAP) ante el Defensor del Pueblo y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf), a los que solicita forzar al organismo de resolución su entrega, junto a los valiosos -y desconocidos- informes de tasación.
La documentación saca a la luz que el contrato que la JUR firmó con Deloitte Bélgica establecía inicialmente una minuta de dos millones de euros, además de sufragar costes por desplazamientos por una cuantía máxima de 200.000 euros; pero la complejidad de los trabajos obligará a incrementar un 50% el coste, hasta los 3 millones. Su revisión responde a que el contrato resulta enmendado en hasta tres ocasiones: el 9 de junio y el 4 de julio de 2017 para reforzar los recursos humanos destinados al proyecto, y el pasado día 8 de enero porque los doce meses de plazo inicialmente estipulados se quedan cortos y deciden extender su vigencia hasta los 24 meses.
La filial belga recibió el encargo de efectuar las valoraciones que, según la nueva regulación bancaria europea, se precisan en rescates: una provisional, que sirvió a la JUR para diseñar la resolución del banco; la valoración definitiva con los recursos y tiempo suficiente para su cálculo, y la tasación bajo escenario de liquidación que debe determinar si los acreedores habrían recibido mejor trato de llevar la entidad a un proceso de insolvencia asimilable a los concursos de acreedores, refieren fuentes al corriente del proceso. En Deloitte declinaron, en cambio, efectuar aclaración o comentario alguno, al tratarse de un contrato privado, y en la JUR no respondieron la consulta.
La JUR ficha a Deloitte un 23 de mayo. Pero el rápido deterioro de la liquidez del banco precipita su intervención, metiendo tal presión al trabajo que la misma firma afloró en el informe entregado a la JUR que apenas dispuso de 12 días desde que tuvo acceso a la información de la entidad para elaborar una valoración que suele consumir seis semanas y que calificó de “altamente incierta y provisional”. Al acortarse el plazo se vio obligada a reforzar equipos. El segundo trabajo tardó en llegar. El organismo dirigido por König confirmaba hace escasos quince días la recepción de la tasación bajo escenario de liquidación y donde asigna al banco un valor negativo de entre -23.000 y -34.100 millones de euros.
El que continúa siendo un misterio porque no ha llegado es la valoración definitiva que la JUR hasta podría no haber encargado, pese a ser la que debe afinar el documento provisional donde otorgaba al Popular una tasación de entre 1.300 y -8.200 millones, horquilla que hasta recibió la crítica de los inspectores del Banco de España como ejercicio efectivo para resolver una entidad por el abultado rango de valoración. No es descartable que su ejecución vuelva a incrementar la minuta, si excede otra vez los plazos o equipos preestablecidos sobre el contrato enmendado y reportado por la JUR. Son trabajos que exigen tal grado de capacidad técnica que han movilizado unos 70 profesionales de Deloitte en tres países.
En la Asociación AIAP albergan la duda de que la cuantía desglosada por la JUR incluya todos los trabajos e infieren que solo engloba aquellos ligados a la resolución, sin el informe de liquidación; aunque su denuncia va más allá del importe. La versión expurgada entregada por el organismo bajo el argumento de proteger datos confidenciales sensibles y personales, impide conocer el detalle del mandato o verificar si aportó algún criterio o parámetro que pudiese condicionar los resultados, indican fuentes consultadas. Tampoco despeja si incluía los tres estudios o lo limitaba a la valoración provisional y bajo escenario de liquidación solamente.
La denuncia de la asociación ante el Defensor del Pueblo y la Olaf persigue explorar todas las vías en el intento de arrojar claridad sobre lo que rodeó a la caída del Popular, provocando su entrega al Banco de España el día 6 de junio y adjudicación al Santander después de que la JUR sanease su balance. En ese ejercicio de 'limpieza' utilizó, llevando a cero, los 3.000 millones de euros invertidos en la entidad por más de 300.000 accionistas y bonistas, que ahora buscan el acceso a los informes para articular sus querellas en los distintos tribunales.
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