La 'Golden Visa', la forma de conseguir la residencia española a través de las inversiones en España que se puso en marcha en 2013, está en auge. Es la principal conclusión que se desprende de un informe elaborado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada en el Congreso de los Diputados. Según estos datos, desde que se lleva a cabo esta iniciativa, se han otorgado 3.405 visados a extranjeros como consecuencia de unas inversiones en inmuebles que superan los 2.550 millones de euros.
En cabeza de los extranjeros que deciden apostar por España y, a cambio, conseguir los papeles, se encuentran China, Rusia, Ucrania y Venezuela. Las inversiones chinas son de sobra conocidas en nuestro país y son algunas de las más sólidas desde que comenzase este sistema. Tanto es así, que muchas inmobiliarias cuentan con una división única para los ciudadanos de este país asiático. De hecho, ciudadanos chinos han conseguido invertir en España hasta 821 millones de euros (un 32,2%) a cambio de más de 1.200 permisos de residencia, un tercio del total de los concedidos, según destaca el Gobierno socialista en su documento.
Tras ellos, se sitúan rusos y ucranianos, dos de las tradicionales nacionalidades que, sobre todo -pero no solo-, invierten en viviendas en la costa mediterránea. De hecho, los ciudadanos de la primera de estas nacionalidades consiguieron 885 visados (un 26% del total) al realizar inversiones de más de 750 millones de euros (que suponen el 29,4%). Los ucranianos, siguen de lejos a sus vecinos y ya suman más de un centenar de permisos de residencia obtenidos bajo este método.
A las puertas del pódium se sitúan los venezolanos que, en plena crisis en su país, siguen invirtiendo en España. Los ciudadanos de esta nacionalidad son unos de los tradicionales compradores de grandes bloques, tanto residenciales -sobre todo de 'alto standing'- como comerciales, y lo son cada vez más en zonas céntricas. Desde 2013, cuando comenzó a operar este sistema, 89 venezolanos han conseguido la residencia en nuestro país a cambio de unas inversiones que rozan los 90 millones de euros.
Tras ellos, se colocan ciudadanos de varios países árabes, como Egipto, Arabia Saudí o Irán, y otros como Estados Unidos y Turquía. A los 2.550 millones de inversión total afectada por esta posibiliad, habría que añadir otros 1.000 millones de euros de extranjeros que habrían conseguido el permiso de residencia a través de otras inversiones relacionadas con el interés general o de las actividades de emprendimiento, tal y como señala el Ejecutivo en el mismo documento.
Al territorializar estas inversiones, se puede observar que la mayor parte de ellas se han ido a parar a Barcelona, que consigue atraer a 1.522 inversores que representan más del 44,7% del total; seguido de Madrid -la otra gran ciudad con un mercado inmobiliario en auge de todo el país- con 539 inversiones (el 15,8%) y Málaga -destino de vacaciones para muchos de los extranjeros que vienen a nuestras costas-, con 504 extranjeros (el 14,8%).
Otro detalle llamativo que destaca el Gobierno es que la creación de empleo derivada de esta programa de movilidad asciende a 49.756 trabajadores: 33.648 empleos directos y 16.108 puestos indirectos, según el documento incluido en una respuesta parlamentaria al diputado Carles Campuzano (PDeCAT).
Una "ayuda" al sector inmobiliario
Según reza el documento, esta norma fue promulgada con "la voluntad de establecer soluciones a la profunda crisis del sector que sufrió España en los últimos años" y, de acuerdo con los datos, "ha permitido atraer inversión extranjera al sector, ayudando al mismo". En cambio, las dudas se ciernen sobre este procedimiento.
Según señaló la Comisión Europea hace poco más de un mes, la obtención de la residencia por compra de viviendas con precios superiores al medio millón de euros podría suponer un riesgo para los países receptores, como España, frente al blanqueo de capitales. "Hablamos de abrir puertas de oro a Europa a gente privilegiada que tiene el dinero y lo miramos con preocupación", indicó entonces la comisaria de Justicia, Vera Jourova.
En este sentido, la confluencia catalana de Podemos, En Comú Podem, señalaba a través de una propuesta firmada por su portavoz en el Congreso, Lucía Martín, que este tipo de procedimientos suponían una "mercantilización de los derechos de ciudadanía, que se venden al mejor postor". En referencia a las 'Golden Visa', desde la formación morada afirmaban que se trataba de un doble rasero a la inmigración. "Las personas multimillonarias pueden acceder a ellos; las que no lo son, quedan relegadas al régimen general de extranjería"
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