"Son muchos los que se arrepienten de haber 'mordido el anzuelo' de los ERTE por causa de fuerza mayor. Ahora lamentan no haberlo solicitado por causas económicas o incluso no haberse quedado quietos, y tener cierta libertad para adaptarse a la crisis". Gobierno, CEOE y sindicatos cerraban a última hora del jueves un preacuerdo sobre las condiciones para prolongar los ERTE por causa de fuerza mayor más allá del estado de alarma, pero muchas empresas ya han comenzado a explorar con sus asesores o con sus organizaciones representativas las posibilidades legales de que disponen para 'desengancharse' de ese instrumento y abordar el redimensionamiento de sus plantillas -que muchas ya ven inevitable- a través de otras figuras más ordinarias como el ERTE por causas económicas, organizativas o de la producción (ETOP) o, directamente, a través de un ERE, según confirman tanto fuentes de despachos como de organizaciones pertenecientes a CEOE.
El autor de la frase con la que arranca este artículo, un consultor de empresa de un importante despacho de abogados de la capital con más de 30 años de experiencia, explica que muchas empresas se apuntaron al ERTE por causa de fuerza mayor atraídos por el ahorro inmediato derivado de la exoneración del pago de cotizaciones sociales y de la asunción de los salarios -vía prestación especial a los trabajadores- por parte del erario público. Según los últimos datos proporcionados por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en su comparecencia parlamentaria de este jueves, han sido hasta 530.000 las empresas que se acogieron a este instrumento dispuesto por el Gobierno en los primeros compases de la crisis y más de tres millones los trabajadores cubiertos por las prestaciones asociadas al mismo.
"Pero se han dado cuenta de que eso no era más que 'el chocolate del loro' y que ahora se enfrentan a un horizonte en el que saben que no van a poder mantener al 100% de su plantilla y que necesitan hacer ese ajuste lo antes posible", asegura este asesor empresarial. En las últimas semanas, con la incertidumbre sobre la mera supervivencia de este instrumento en cuestión y con la certeza de que cualquier prórroga del mismo implicará unas condiciones más restrictivas, las consultas de empresas en orden a perfilar un plan de contingencia que les permita ajustar sus plantillas a sus necesidades reales se han multiplicado, según este consultor, que augura una oleada de ERTE por causas económicas y de regulaciones de empleo ordinarias (ERE) en cuanto decaigan los ERTE del Gobierno...o incluso aunque no lo hagan.
Según estas fuentes, las empresas están esperando a lo que se determine en el BOE sobre el futuro de este instrumento, pero mientras tanto han instado a los despachos a elaborarles un 'plan B' ante la posibilidad de que esta figura excepcional se desactive o que el marco laboral que se disponga para la transición hacia la nueva normalidad no responda a las necesidades de las empresas.
Es inevitable: va a haber despidos
En CEOE también dan por hecho que a las empresas no les quedará más remedio que recurrir a ajustes de plantilla se resuelva como se resuelva el tema de los ERTE por causa de fuerza mayor. Fuentes de la organización empresarial admiten que a estas alturas las empresas están más preocupadas por cómo se regule la transición desde los ERTE por fuerza mayor a otras figuras como los ETOP o los ERE que por prolongar la figura 'subvencionada'. "Si mantenerte en el ERTE por fuerza mayor va a significar que no vas a poder reducir tu plantilla hasta el año que viene, la mayoría de las empresas van a optar por salirse", aseguran.
En la dura negociación que desde hace semanas mantienen Gobierno, CEOE y sindicatos para ver como se regulan los instrumentos de cobertura laboral a empresas y trabajadores en la fase de 'desescalada', la patronal ha puesto especial hincapié en limitar la condicionalidad que pretende imponer el Gobierno para permanecer bajo el paraguas del Estado, ya fuera en relación a reforzar el compromiso de mantenimiento del empleo para extenderlo a todo el año 2020 o a restringir la posibilidad de repartir dividendos si estás en un ERTE con algún tipo de ayuda pública, ya sea por causa de fuerza mayor o por causas económicas. Lo que el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha calificado como "adulterar con aspectos que no están ahora en la ley".
"No se puede a obligar a empresas en las que la actividad ha caído un 30% o un 50%, y no saben cuándo van a volver a recuperarla, a mantener al 100% de la plantilla. Es insoportable", recalca un miembro del Comité Ejecutivo de CEOE. Desde la organización empresarial argumentan que el Gobierno diseñó su respuesta a la crisis como si ésta "fuera a durar quince días" y que ahora que la situación ha demostrado que se va a prolongar durante meses no se puede mantener ese planteamiento. "O dejan que las empresas despidan o habrá muchas empresas que desaparezcan", advierten.
Durante semanas las declaraciones públicas emitidas desde la patronal se han centrado en la derogación del compromiso de mantenimiento del empleo durante seis meses para los beneficiarios de los ERTE por causa de fuerza mayor, lo que aplicado de forma estricta prohibiría los despidos en más de medio millón de empresas Este lunes CEOE dio un paso más al presentar un informe elaborado junto a Deloitte y ESADE en el que ya solicitaba la habilitación de un mecanismo 'ad hoc' para permitir a las empresas realizar las medidas de ajuste interno -despedir, modificar la jornada o bajar salarios- que necesitaran para amoldarse a las condiciones creadas por la crisis del coronavirus de forma automática, sin necesidad de abrir una negociación con los sindicatos.
El pulso ha pasado a otro ámbito. "La patronal exige que las empresas que salgan del ERTE por fuerza mayor puedan despedir sin problema por causas económicas con 20 días de indemnización", señalan fuentes sindicales, que admiten que CEOE ha endurecido su posición en las negociaciones y que se temen que está preparando el terreno para que las empresas puedan empezar a despedir. Los empresarios se quejan, por el contrario, de que Gobierno y sindicatos les quieren imponer la 'prohibición de despedir', lo que les obligaría a pagar 45 días por año trabajado a cualquier trabajador del que prescindieran".
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