Las reclamaciones patrimoniales al Gobierno por paralizar en seco la economía durante el primer estado de alarma en 2020 siguen resolviéndose. El cierre de actividades no esenciales desde marzo hasta junio en España se llevó por delante muchos sectores. Uno de ellos fue el de las salas de ocio y juego, donde Cirsa, un gigante de los casinos en el país, cuenta con una extensa red de establecimientos. La compañía fundada por Manuel Lao y propiedad del gran fondo Blackstone desde 2018 ha recurrido a la vía administrativa para buscar una compensación por esta medida extraordinaria, según confirman fuentes de la compañía a La Información.
El Gobierno ya habría contestado a la compañía con sede en Cataluña a través de un informe denegatorio, en el que considera que no hay motivos para reparar económicamente a la empresa de juego. Cirsa, por su parte, ha agotado la vía administrativa para convencer al Gobierno y ha decidido no ir más allá después de recibir la respuesta del Ejecutivo. La empresa tenía abierta ahora la posibilidad de probar suerte en la vía del contencioso-administrativo, algo que sí han estudiado otras empresas afectadas por la covid-19 como la hotelera Meliá.
Cirsa dirigió su escrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, el organismo del Gobierno encargado de centralizar buena parte de estas reclamaciones administrativas. La reparación se ha solicitado, al menos, para su sociedad International Bingo Technology SA., una mercantil encargada de su negocio físico y que depende societariamente de la cabecera empresarial LMCH constituida por Blackstone con motivo de la compra de la compañía hace ya un lustro.
El informe denegatorio a Cirsa por los daños ocasionados tras el estado de alarma empieza a ser la norma habitual por parte del Gobierno, que se está apoyando en sus decisiones en distintos dictámenes del Consejo de Estado, el máximo organismo consultivo del Ejecutivo. Distintos juristas discrepan sobre la posibilidad de insistir en las reparaciones patrimoniales, pese a que en los últimos meses se haya concluido que el primer estado de alarma fue inconstitucional. La razón principal de estas dudas es que la propia sentencia cierra de algún modo la puerta a un aluvión de reclamaciones.
Cirsa vivió durante 2020 un fuerte golpe por la pandemia. El primer estado de alarma, que se inició en marzo y se extendió hasta junio, no solo afectó al negocio físico, con el cierre de todos sus establecimientos en España (248 salones de juego, 6 casinos y 38 bingos). La actividad online sí estaba disponible para la compañía, pero también sufrió significativamente por la parálisis de la industria del deporte. Basta un dato para entenderlo: la inversión publicitaria durante el segundo trimestre del año, periodo que coincide en su mayoría con la etapa de confinamiento, se desplomó un 50% respecto al año anterior, según las propias estadísticas de la Dirección General de Ordenación del Juego (Ministerio de Consumo).
Inversiones en plena caída de ingresos
En cifras de la propia compañía, los ingresos a nivel grupo se desplomaron en 2020 a casi la mitad (842 millones de facturación frente a los más de 1.600 millones del año anterior) y las pérdidas se elevaron hasta los 254 millones de euros. Los cierres y restricciones posteriores al confinamiento también hicieron mella, como arrojó la caída de horas productivas (-45%) respecto a un año convencional. En España, su primer mercado, la primera reapertura tuvo lugar después de 86 días del confinamiento, aunque la delegación de responsabilidades en las comunidades autónomas impidió una vuelta a la normalidad homogénea en todos los puntos del país.
Para ajustar su operativa a la situación actual, la empresa recurrió a otros mecanismos habilitados por el Real Decreto para proteger a las compañías de la crisis sanitaria. En primer lugar, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que en un primer momento afectó a 4.425 empleados (83,5% de su plantilla en el mercado nacional). Otra medida significativa fue la búsqueda de liquidez a través de líneas de créditos avaladas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Pese a ello, la compañía tuvo que emprender inversiones sanitarias e higiénicas dirigidas a la protección de sus clientes una vez finalizó el estado de alarma. Puso en marcha el Plan Juega Seguro, que supuso una inversión a nivel grupo de aproximadamente seis millones de euros en 2020. Esta iniciativa garantizaba "las óptimas condiciones de seguridad y salud en todas las salas y centros de trabajo del grupo" como cumplimiento de "la normativa definida por el Ministerio de Sanidad", según explicó la compañía en un comunicado.
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