El Pueblo de Estados Unidos contra las seis mayores empresas tabaqueras del país. Así se podría resumir la que a día de hoy pasa por ser la mayor causa judicial fruto de una demanda colectiva de la historia. Fue promovida por miles de ciudadanos estadounidenses con el objetivo de recuperar los costes sanitarios a los que tuvieron que hacer frente para tratarse las dolencias generadas por el consumo de tabaco. Se amparaban para ello en las leyes anti-monopolio y de protección del consumidor vigentes en varios estados de EEUU. La acción colectiva acabó resolviéndose en 1998 mediante un arreglo judicial según el cual las empresas se comprometieron a abonar a los afectados 208.000 millones de dólares en indemnizaciones en los siguientes 25 años (hasta 2023).
Ésta es, quizá, la más conocida, pero el historial de demandas colectivas contra grandes empresas culminadas con indemnizaciones millonarias en Estados Unidos es extenso: Wal-Mart, Enron, World Com, AOL Time Warner... En España también se han dado casos de demandas colectivas: los afectados del aceite de colza, Rumasa, las cláusulas-suelo, Fórum y Afinsa, Bankia y en los últimos meses la intervención del Banco Popular. ¿La diferencia? La legislación española canaliza de facto este tipo de demandas colectivas a través de organizaciones de consumidores o plataformas de afectados y desincentiva o anula las acciones individuales de resarcimiento en representación de un grupo de afectados, lo que se conoce como 'acción de clase'.
Ciudadanos considera que ha llegado la hora de abrir de par en par las puertas de las leyes españolas a este tipo de acciones legales tan comunes en Estados Unidos y quiere aprovechar la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de transposición de la directiva europea de defensa del pleno resarcimiento por los daños de prácticas anticompetitivas para "fomentar las denominadas acciones de clase", por la vía de ampliar "la legitimación para interponerlas a consumidores y usuarios".
En la actualidad la Ley de Enjuicimiento Civil atribuye de forma expresa la legitimidad para instar una acción de resarcimiento por cualquier hecho que afecte a una pluralidad de consumidores o usuarios "a las asociaciones de consumidores y usuarios que sean representativas".
Lo que plantea Ciudadanos es abrir esa posibilidad legal "a cualquier consumidor y usuario perjudicado" siempre que disponga de recursos suficientes y que la personación en la causa de los representados entrañe cierta dificultad. Es decir, que cualquier usuario de un servicio o consumidor de un producto que vea dañados sus intereses por la acción de un agente pueda instar una acción judicial contra éste para reclamar el resarcimiento del daño causado.
De este modo la formación que preside Albert Rivera pretende "eliminar los obstáculos que se han detectado en la práctica en los últimos años" y "facilitar el ejercicio de acciones de daños y perjuicios en el ámbito de las prácticas restrictivas de la competencia", según se explica en la justificación del paquete de tres enmiendas presentadas por Ciudadanos y que serán debatidas por las fuerzas políticas en los próximos días.
Resarcir todo el daño causado
La iniciativa de Ciudadanos se enmarca en la transposición a la legislación española de la directiva europea que regula el pleno resarcimiento de los daños causados por las práctica anticompetitivas. La norma pretende regular el modo en que los afectados por un cártel o cualquier otra práctica competitiva pueden exigir el reintegro de los perjuicios económicos causados por dichas operativas ilegales, ya les hayan afectado directa o indirectamente.
La directiva amplía de uno a cinco años el plazo durante el cual se puede exigir ese resarcimiento antes de su prescripción, eleva a la categoría de prueba irrefutable en un proceso judicial la existencia de un pronunciamiento firme de las autoridades nacionales de competencia (CNMC y órganos autonómicos) y establece la responsabilidad conjunta y solidaria de las empresas infractoras respecto a las perjudicados.
'Blindaje' a los beneficiarios del programa de clemencia de la CNMC
Esa responsabilidad solidaria hará que las indemnizaciones a las que tengan derecho los afectados sean asumidas por las empresas responsables según su participación en la acción anti-competitiva, con la excepción de las que hayan denunciado la existencia de esas prácticas irregulares a la CNMC. Las empresas que hayan denunciado estas situaciones ante la CNMC y se hayan beneficiado de su programa de clemencia solo tendrán que atender las reclamaciones formuladas por sus proveedores y clientes directos, y se librarán del 'principal'...salvo que las indemnizaciones pagadas por el resto de operadores no cubran el monto total de las indemnizaciones solicitadas y concedidas por los tribunales.
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