El recorte a la retribución de las redes de distribución de gas en España, previsto por la CNMC en casi un 18%, ha provocado una oleada de malestar e indignación en todo el sector, que aunque todavía no ha salido a luz de forma evidente sí que ha adquirido carta de naturaleza en documentos internos de trabajo de las diferentes empresas integradas en Sedigas. En los borradores de alegatos manejados por las empresas se pone de manifiesto una denuncia abierta y contundente contra la política de transición ecológica del actual Gobierno en funciones a la vez que se critica el sesgo ideológico del 'hachazo' anunciado por el organismo regulador pero auspiciado también por la propia ministra Teresa Ribera.
Los citados documentos a los que ha tenido acceso La Información descargan todo el desahogo contenido durante estos meses atrás contra el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (PNIEC) remitido a la Comisión Europea esta pasada primavera y cuya versión definitiva deberá ser presentada en Bruselas antes del próximo 31 de diciembre. Las empresas gasistas consideran lisa y llanamente que "el Gobierno plantea una transición climática y energética tan rápida que será dañina para nuestro país", apuntando además que los objetivos de reducción de emisiones y de penetración de energías renovables "van mucho más allá de lo que exige el Acuerdo de París y los compromisos asumidos por la Unión Europea".
La aspiración del Gobierno socialista por convertirse en el primero de la clase ecológica dentro de Europa provoca que España tenga que pagar más que sus socios a juicio del sector gasista: "Y todo ello -añaden las empresas- por motivos ideológicos, incluso utópicos dentro de un país aislado energéticamente como España". Esta última circunstancia, agravada por la escasa existencia de interconexiones, obliga a duplicar el parque de generación con renovables pero también con gas, lo que "se trasladará al recibo de la luz de los españoles, tanto de los consumidores como de las industrias".
El demoledor augurio vertido en estos documentos no hace sino poner en negro sobre blanco muchas de las preocupaciones crecientes con que el sector energético en general ha reaccionado ante la política oficial del Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente en funciones mantiene viva su ofensiva para 'descarbonizar la economía' en España, tal y como se ha puesto de relieve en su último discurso de investidura este pasado lunes, pero todo hace indicar que, a partir de ahora, los dirigentes socialistas van a encontrar una réplica cada vez más acusada por parte de los agentes y operadores del sector.
Compromisos desproporcionados
Entre los argumentos manejados por las empresas destaca la comparación con la época de Zapatero en la que España también comprometió niveles de generación de renovables que luego provocaron una burbuja reconocida ahora por el propio ex presidente y que todos los españoles tienen que pagar en el recibo de la luz. Al igual que entonces, España pretende ahora que un 42% de la energía en su uso final proceda de fuentes renovables en 2030, un porcentaje muy superior al que realmente nos corresponde y que está muy por encima del 32% de Francia y de la media europea y del 30% establecido en Alemania e Italia.
El único objetivo en el que nuestro país no va más allá es en el aumento de la interconexión, tanto eléctrica como gasista, que se establece en un hipotético 15% de la capacidad instalada en 2030, según apuntan los citados documentos de trabajo. No obstante, las empresas gasistas consideran que "la Comisión Europea no se cree que podamos cumplir nuestro objetivos" y añaden que el citado PNIEC no garantiza suficientemente que la descarbonización vaya acompañada de los necesarios elementos de seguridad de suministro y competitividad.
En relación al papel del gas como alternativa energética las entidades del sector admiten que el citado plan ministerial destaca la importancia y confianza de esta fuente de generación para sustituir al carbón y a la energía nuclear. A partir de esta consideración, los planteamientos del sector inciden en la necesidad de invertir en redes de distribución de gas, lo que contradice el recorte de la retribución que ahora se está propiciando a nivel institucional. En este sentido, las empresas apuntan directamente al Gobierno y señalan "que el Ministerio parece haber declarado la guerra al gas, poniendo incluso en riesgo el cumplimiento de su propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)".
Los afectados no entienden la necesidad de cambiar la metodología de la retribución del gas cuando el ciclo regulatorio del sector no termina hasta finales de 2020. Consideran que "la única explicación es la intención de sesgar las inversiones desde el gas a la electricidad y hacerlo en coincidencia con los intereses del actual presidente de la CNMC". Las empresas denuncian que el organismo regulador ha interpretado de la forma más radical posible las orientaciones del Ejecutivo, creando un marco que hace imposible el sostenimiento financiero de las empresas y la financiación de nuevas inversiones.
Las empresas gasistas, las más damnificadas por la circular de la CNMC, concluyen en sus trabajos internos que "España está dando pasos para el desmantelamiento del gas a corto plazo" en una actuación que, a su juicio, está inducida por motivaciones ideológicas y es claramente irresponsable. Las consecuencias, según anticipan, serán el deterioro de la calidad del servicio energético y la reducción de las opciones energéticas del país que afectará a la estructura industrial y al empleo y tampoco permitirá una reducción de los peajes del gas ni, consecuentemente, de la tarifa eléctrica que pagan todos los españoles.
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