Polvos y lodos. El anuncio de cierre de dos de las tres factorías de la multinacional del aluminio Alcoa en España tiene historia. Desde al menos 2012, la compañía ha reclamado que se mantenga la cláusula que firmó en 1998 con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para adquirir Inespal por 410 millones de dólares de los de entonces. La cláusula, que fuentes al tanto de aquel proceso califican de "secreta, nunca publicada", garantizaba un precio máximo de la energía para el proceso de producción de aluminio (electrolisis) y estipulaba que la SEPI se hacía cargo de la diferencia si la factura se disparaba.
Las quejas de la multinacional han sido continuas desde hace al menos seis años, cuando la presión de Bruselas obligó a la administración en 2012 a eliminar la tarifa industrial (G4) que abarataba los costes de las grandes empresas. Alcoa, sostienen, apelaba a lo pactado con la SEPI, dirigida entonces por Pedro Ferreras, un hombre de confianza del exministro Josep Piqué.
De aquel compromiso sólo se dijo que recogía precios de referencia en el proceso de electrolisis de 3,8 pesetas (cinco céntimos de euro) durante 10 años y 4,24 pesetas para otros cinco. Pero además, la SEPI se comprometía a propiciar contratos favorables de Alcoa con las eléctricas y a asumir la factura si los precios de la electricidad se disparaban por encima de un determinado nivel. La cláusula, según sostienen fuentes de la Administración conocedoras de aquel proceso, nunca se ha hecho pública en todos sus detalles.
La reacción de Alcoa
Lo que sí se conoce es la reacción de Alcoa después de que la Comisión Europea obligara a España a cambiar las reglas del juego en relación con los precios industriales. En 2014, admiten fuentes del Gobierno asturiano, la multinacional ya amenazó con desinvertir. Incluso hubo contactos a varias bandas con potenciales interesados en comprar las factorías que no llegaron a fructificar.
La tensión llegó al máximo en 2014, cuando Alcoa presentó un expediente de extinción para 800 empleados, que luego retiró. Desde entonces, la situación para sus intereses ha empeorado. El Gobierno modificó en 2014 y 2017 el sistema para favorecer a la gran industria y se acogió a un sistema de subastas semestrales -interrumpibilidad-por el que las grandes compañías pujan a la baja para reducir su consumo en bloques de 40 MW a cambio de rebajas en la factura. El problema es que se ha reducido el tamaño del pastel a repartir y ha aumentado el número de comensales.
Con la interrumpibilidad, que abarataba la factura de la gran industria sólo por su disposición a desconectarse de la red -lo que rara vez sucedía- el conjunto de los consumidores ha pagado cerca de 5.000 millones desde 2008. Pero en los últimos cuatro años, los más de 500 millones anuales de apoyo a la gran empresa se han reducido a menos de 300 millones. Mientras tanto, las compañías beneficiadas se han disparado: 131 en la última subasta celebrada en junio.
En plena agitación tras el anuncio de cierres, los presidentes de las comunidades afectadas, el gallego Alberto Núñez Feijóo (PP) y el asturiano Javier Fernández (PSOE) coincidirán el viernes en Oviedo en la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2018. La intención de ambos es coordinar posturas ante próximos encuentros con las ministras de Transición Ecológica, Teresa Ribera y de Industria, Reyes Maroto.
Ambiente caldeado
El ambiente está caldeado, incluso en el PSOE. No todos en el partido ven con buenos ojos los mensajes lanzados en los últimos tiempos por la ministra Ribera o sus silencios ante peticiones como la realizada por Podemos en el Congreso para reducir aún más los apoyos vía factura eléctrica a las grandes industrias.
Quizá por ello, Ribera ha planteado en el Congreso la posibilidad “repensar” las subastas de interrumpibilidad: “A lo mejor", explicó Ribera, "esto [los cierres de Alcoa] lo que nos hace es retrasar esta convocatoria [prevista en diciembre] para evitar una distorsión y que se pueden beneficiar las demás si deciden definitivamente cerrar”.
Por su parte, las empresas de gran consumo eléctrico, agrupadas en la asociación AEGE, mantienen su principal demanda ante la escalada de los precios de la energía: crear la figura de "consumidor electrointensivo" que ya existe en Francia o Alemania y que conllevaría el reconocimiento de incentivos a las empresas para complementar los pagos por interrumpibilidad, en ningún caso sustituirlos. Sea cual sea la solución, lo único seguro es quién la pagará.
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