El regulador español sale a escena en el conflicto del taxi. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acusado al Ministerio de Fomento de no justificar "convenientemente" las restricciones impuestas a Uber y Cabify en su decreto para regular a las VTC. Lo dice en un informe en el que advierte de que esta normativa implicará un golpe a la competencia y afectará a los usuarios de transporte, para los que, según el organismo, el servicio será más caro, menos disponible y de peor calidad.
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de octubre un decreto ley impulsado por Fomento por el que se restringía a la VTC. ¿Cómo? Se planteaba un periodo gracia de 4 años a partir del cual sólo podían operar en trayectos interurbanos y se habilitaban a las comunidades autónomas a regular otros aspectos de los servicios de estas compañías. Una habilitación que abrió la puerta a la regulación restrictiva de Cataluña, cuyo decreto será aprobado previsiblemente la próxima semana (con lo que se permitió la desconvocatoria de la huelga indefinida), o Madrid.
Ahora, meses después, la CNMC pone sobre la mesa un informe, fechado el 17 de enero -un día antes de que estallara la huelga indefinida en Barcelona- y con 35 páginas, en el que deja muy claro que el Ministerio de Fomento no ha justificado "convenientemente" desde la óptica de los principios de necesidad y proporcionalidad, tal y como queda reflejado en las conclusiones. Se recuerda que las actuaciones normativas que no respetan estos principios perjudican innecesariamente a los usuarios finales y al conjunto de la ciudadanía", apunta.
En este contexto, el regulador recomienda "replantear" la limitación del ámbito de las autorizaciones VTC y la derogación de la llamada regla de la habitualidad (que, al menos, el 80% de los servicios se presten exclusivamente en las comunidades autónomas donde están adscritas) previstas en el decreto. Se muestra partidario de apostar por una normativa que "parta de un enfoque global de la actividad de transporte en vehículos de turismo, de forma que la regulación aplicable a taxis y VTC respete los principios de buena regulación económica".
¿Equilibrio de oferta-demanda? No está justificado
El decreto se fundamentaba en tres razones de interés general: los problemas de movilidad y congestión del tráfico; razones medioambientales y desequilibrios de la oferta y demanda de transporte en vehículos de turismo. Todos ellos son 'tumbados' por la CNMC.
Respecto al mantenimiento del equilibrio de la oferta y la demanda, según la CNMC "no puede considerarse como una razón imperiosa de interés general", tal y como queda reflejado en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. "Si se tratara de ajustar oferta y demanda, de los datos del mercado se desprende que la demanda de estos servicios ha aumentado de forma progresiva sin que la oferta haya crecido de manera equivalente", apunta.
La sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de junio, con la que respaldó el ratio 1-30 y supuso una gran victoria del taxi, advertía que el objetivo de mantener un equilibrio entre las dos modalidades de transporte (junto con la VTC) "aparece como una forma de garantizar el mantenimiento del servicio de taxis como un servicio de interés general". Sin embargo, para la CNMC la eventual razón de interés general que ampare limitaciones a la VTC "no constituye una habilitación incondicionada" para toda medida que se pretenda adoptar. Y en este sentido, el Alto Tribunal es claro: "Siempre que las concretas medidas sean necesarias y proporcionadas".
¿Y el impacto medioambiental? El regulador asegura que el decreto de Ábalos no contiene ningún dato o estudio que valore el impacto de las autorizaciones VTC sobre el medio ambiente o la congestión, por lo que no se ha acreditado "que las medidas sean necesarias para los fines perseguidos". Y se pregunta por qué sólo se actúa sólo respecto a las 12.000 VTC que hoy por hoy están activas en España y no las 70.000 licencias del taxi. "Entre las dos supone un número muy reducido de vehículos respecto al parque de turismos privados en España respecto de los que tampoco se plantean actuaciones", explica.
La precontratación, también injustificada
Pero la CNMC no sólo mira al Ministerio de Fomento. También lo hace a las comunidades autónomas, como Cataluña o Madrid, y los ayuntamientos que tienen ahora la potestad para regular algunos aspectos relacionados como la prestación de servicios. Uno de los más polémicos -y que ha representado la mayor exigencia del taxi- es la precontratación con un tiempo de antelación. En este sentido, el regulador cree que supone "un obstáculo injustificado".
No es el único aspecto de la futura regulación local contra el que clama la CNMC. Entiende que son limitaciones "injustificadas" las que tienen que ver con los horarios o recorridos mínimos; los requisitos del vehículo o el uso del dominio viario o el estacionamiento. "Es recomendable evitar distinciones en estos ámbitos entre taxi y VTC, puesto que suponen conceder una ventaja injustificada a una tipología de operadores y no parece cumplir con los principios de buena regulación", apunta.
"Reducirá la calidad del servicio"
¿Qué incidencia tendrá este decreto en el transporte? Para la CNMC, las restricciones sobre la VTC incidirán "negativamente" sobre el servicio prestado a los usuarios finales, elevando los precios del transporte urbano, reduciendo su disponibilidad y aumentando los tiempos de espera para los usuarios. Y apostilla: "Reducirá la calidad del servicio prestado y desincentivará la innovación de taxis y VTC".
El informe es aprovechado por el organismo presidido por José María Marín Quemada para reclamar de nuevo una mayor liberalización del taxi. Reclama que se incremente el número de licencias para tratar de reducir "el impacto negativo para los usuarios finales" de la desaparición de las VTC en servicios urbanos.
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