La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contratará a una compañía externa para ayudarle con la verificación de la contabilidad y el modelo de costes de Adif y Adif Alta Velocidad correspondientes al año 2019, centrándose en el modelo de cánones que ha estado en entredicho en numerosas ocasiones. La gestora de la infraestructura ferroviaria fue multada el mes de febrero por hacer caso omiso a las anomalías detectadas por Competencia en la propuesta de cánones remitida al antiguo Ministerio de Fomento. Ahora, este organismo pondrá de nuevo la lupa sobre los ingresos por tasas de la compañía.
El denominado 'superregulador' ha sacado a licitación la contratación de apoyo técnico para llevar a cabo la auditoría de la contabilidad de la empresa pública que preside Isabel Pardo de Vera. Más allá de esta tarea, el potencial adjudicatario deberá proponer mejoras al modelo contable de Adif de acuerdo con las resoluciones de la CNMC, o atendiendo a criterios técnicos y sectoriales que puedan suponer un mejor reparto o desagregación de los costes en la estructura de los administradores de las vías, tal y como se reseña en el pliego de condiciones técnicas de la oferta.
Cabe recordar que los cánones que cobra Adif a los usuarios de las vías llevan tiempo en entredicho por unos u otros temas. Pero realmente, esta parte de las cuentas del gestor de las infraestructuras ferroviarias ha cobrado más relevancia desde que se anunciara la liberalización del mercado de viajeros, que tendrá lugar a finales de este año, hace casi dos años. Será este mes de diciembre cuando las compañías privadas podrán poner a funcionar sus trenes por las vías españolas, pero el coronavirus puede hacer que esto se retrase.
La CNMC recuerda a la hora de ajustar los objetivos del contrato que licita que la Ley Ferroviaria señala que "el organismo regulador velará para que los cánones establecidos por el administrador de infraestructuras cumplan lo dispuesto no sean discriminatorios". Es en este sentido en el que la última de las resoluciones de Competencia, fechada en septiembre de 2018 y relativa al coste de estas tasas, aludía directamente a que el precio que se le trasladaba a las compañías que usaban las instalaciones era superior al coste directamente imputable de esta infraestructura.
La puntilla llegó el pasado mes de febrero cuando la CNMC multó a la compañía que preside Pardo de Vera por cometer una "infracción grave" al no atender a las modificaciones que le pidió realizar en el canon diseñado para 2019 y que suponía rebajar en 42 millones de euros su previsión de recaudación. Los apenas 6.300 euros de sanción sirvieron para que el superregulador reclamase de nuevo una revisión del régimen sancionador, ya que considera que las multas son "insuficientes para que se cumplan sus resoluciones de forma eficaz", en "contraste con las cantidades previstas en otros sectores regulados".
Pero más allá de la discriminación de la que habla Competencia, los cánones de Adif han estado en el foco de la polémica por muchos otros detalles. Es el caso de su dependencia directa de los Presupuestos Generales del Estado, que se mantiene pese a las continuas prórrogas. La compañía pública depende de la aprobación de los PGE para poder modificar el coste que traslada a las compañías que usan las vías. Tras muchas recomendaciones, Adif accedió a modificar este extremo, lo que le llevó a anunciar hace unas semanas un anteproyecto de ley que, de aprobarse, permitirá a la propia compañía modificar y aplicar descuentos o bonificaciones si así lo cree conveniente.
La CNMC recomendó entonces a Adif que articulase un sistema transitorio para el canon o peaje que cobra a Renfe y sus futuros competidores por el uso de las infraestructuras ferroviarias mientras se aprueba la nueva estructura diseñada para estas tasas, evitando así la incertidumbre regulatoria que pudiera darse en este momento. Pero, según confirman fuentes conocedoras, aún no hay nada decidido al respecto.
Sea como fuere, la liberalización del mercado de viajeros está cada vez más cerca y el próximo 14 de diciembre se podrán poner los trenes privados en las vías. Una de las compañías adjudicatarias de capacidad marco, la asociación formada por Trenitalia e Ilsa, ya anunció hace meses que comenzaría las operaciones en 2022, mientras que la idea inicial de la otra firma, Rielsfera -filial del gigante francés SNCF-, era comenzar de inmediato. Las dificultades que se han encontrado por el virus pueden hacer que los procesos se dilaten, por lo que la propia CNMC les dará manga ancha para llevar a cabo los trámites, a excepción de la elección de surcos, que se deberá realizar como estaba anunciado antes del 15 de junio.
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