La circular de distribución entra en vigor en 2021

La CNMC aprueba el recorte al sector del gas con tres votos del consejo en contra

Recortes gas.
Recortes gas.

Tras meses de debate, polémicas y presiones el consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha aprobado definitivamente la circular de distribución de gas que recortará los pagos a las compañías del sector a partir de enero de 2021 y durante seis años. El final ha seguido el guión de lapolémica hasta el final. Tres consejeros de la CNMC, la vicepresidenta María Fernández y los consejeros Benigno Valdés y Pilar Canedo votaron en contra de la aprobación, el martes.  La norma reducirá los ingresos de las empresas en 239 millones de media anual durante los próximos ejercicios.

La votación en la CNMC se produjo una vez recibido el informe preceptivo del Consejo de Estado. El órgano consultivo del Gobierno respaldó en líneas generales  la rebaja de recortes que la CNMC planteó en la segunda versión de la circular tras sufrir fuertes presiones del sector y del Ministerio de Transición Ecológica. Pero instó también a recalcular el tijeretazo  con nuevos criterios metodológicos y valores actualizados antes de diciembre.

Recomendaciones del Consejo de Estado

La última redacción de la circular, según las fuentes consultadas, sólo habría recogido en parte las recomendaciones del Consejo de Estado. De ahí los tres votos en contra de los consejeros de Competencia. Ya en la primera redacción de la circular, María Fernández y Benigno Valdés emitieron sendos votos particulares. Ambos apuntaban a cuestiones técnicas y no de fondo. Pero ponían  en entredicho la justificación de los recortes finalmente aprobados, más suaves de los inicialmente propuestos por el presidente de la CNMC José María Marín Quemada, que defendió casi hasta el final un tijeretazo al sector del 19% -el final ronda el 9%-. Las quejas de las empresas, la presión del Ministerio de Transición Ecológica y el peso del frente de oposición interno en la CNMC, suavizó la propuesta inicial, aunque la polémica permanece.

La votación pone al menos un punto y seguido a lo que se había convertido en un auténtico quiste desde que la CNMC lanzara, el pasado verano, un plan para recortar los ingresos de las distribuidoras de gas. El presidente de Competencia, Marín Quemada, defendió el plan de recortes máximo con un cambio del modelo de retribución -para basarlo en los activos y no en el número de clientes de las compañías-.En julio pasado, las empresas cuantificaban el tijeretazo en cerca de 3.000 millones en cinco años.

La polémica llegó a tal punto que las compañías afectadas amenazaron con congelar inversiones, acudir a los tribunales y reducir plantillas. De hecho, Nedgia, la filial de distribución de gas de Naturgy, aplica desde octubre una suspensión temporal de empleo para 300 de sus empleados. Una forma de mantener la presión. Madrileña Red de Gas, por su parte, mantiene la intención de acudir a los tribunales. La compañía que preside Pedro Mielgo pidió al Consejo de Estado un paréntesis de al menos 10 años para aplicar los recortes que impulsa el regulador.

Los votos contrarios a la circular asumen parte de las críticas que ya planteó la asociación de empresas gasistas Sedigás. La asociación cuestionó a los técnicos de la Comisión porque a la hora de calcular ratios de rentabilidad de las compañías consideraron al sector como un todo, sin tener en cuenta que engloba no sólo la actividad de distribución de gas -la más afectada por el hachazo-, sino también otros combustibles gaseosos, desde el butano a los gases que emplean los aparatos de aire acondicionado. Todo ello habría llevado a la CNMC a utilizar datos "contaminados" con los de otros sectores.

También los analistas del Banco Santander destacaron la fragilidad de los cálculos de la CNMC. En su examen sobre el impacto de los recortes en Naturgy -la mayor compañía distribuidora- Santander calificó la propuesta final de recortes como de "dudosa ortodoxia regulatoria". El análisis cuestionó la metodología aplicada -"el recorte de 239 millones [media anual] no está suficientemente justificado"- y destacó también el marco en el que los inversores deberán tomar sus decisiones: "Alto riesgo regulatorio y falta de justificación metodológica para el recorte de ingresos".

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