La CNMC urge a Ábalos a "repensar" el modelo del bus y enfocar la liberalización

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está analizando las concesiones de los autobuses interurbanos, un asunto que el Ministerio de Fomento, ahora bajo la denominación de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tiene bajo el foco desde hace tiempo. El propio José Luis Ábalos, titular de la cartera, decía hace unos meses que la estructura actual de este tipo de transportes responde a "una planificación que es de otro tiempo". Mientras, en la CNMC, ya miran a la liberalización en otros países como modelo. 

El propio Ministerio admitía entonces que estaba buscando cómo desarrollar un nuevo mapa concesional que permita a empresas y viajeros adaptarse a las necesidades actuales. Todo ello después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TECRC), dependiente de Hacienda, obligara a esta cartera a reconfigurar por completo la documentación de cara a los nuevos concursos.

Mira también

Ábalos busca un nuevo mapa de líneas de bus tras el freno de Hacienda a sus planes

Ahora, y en plena consulta pública por parte de la CNMC para estudiar esta cuestión, el organismo ha trazado algunas de sus líneas maestras. Las dificultades asociadas a la gestión administrativa de las concesiones "hacen repensar el modelo actual", señalan desde el regulador. El estudio de la CNMC abordará el modelo español y la liberalización -similar a la que atraviesa actualmente el ferrocarril- que se está poniendo en marcha en otros países de nuestro entorno. Todo ello, desde una "perspectiva de la competencia" y el bienestar del consumidor. 

En el sistema actual de concesiones, las empresas privadas de autobús interesadas en operar una determinada ruta compiten entre ellas para obtener un permiso administrativo. Como en cualquier concurso de este tipo, la compañía que ofrezca mejores condiciones será la que la explote. Mediante esta autorización la empresa obtiene el derecho a prestar el servicio como monopolista, a cambio de mantener las condiciones  -precio del billete, frecuencias y calidad del servicio- que ofertó para quedarse con la concesión. Con este sistema, las administraciones deciden qué trayectos se van a cubrir y durante cuánto tiempo. 

A través de este modelo se puede asegurar el transporte para localidades con menor número de viajeros que, de otra forma, podrían quedarse sin servicio. Las empresas que desarrollan sus viajes a través de este sistema aprovechan la agrupación de rutas rentables y no rentables bajo el mismo acuerdo para compensar pérdidas y ganancias. Numerosos expertos en el sector señalan que las empresas no pueden competir libremente para obtener las concesiones en autobús en localidades. Además, se han encontrado deficiencias en el funcionamiento del sistema. 

Así, la propia CNMC ha llegado a actuar en varios casos a lo largo de los últimos años, como los de Valencia y Galicia, donde se llevaron a cabo prórrogas automáticas a las concesiones que habían caducado. La última de estas intervenciones se llevó a cabo el pasado mes de octubre con la apertura de un expediente sancionador a 25 empresas y dos asociaciones en Cantabria por posibles prácticas anticompetitivas. 

A día de hoy, gran parte de las concesiones de autobús que siguen en operación en nuestro país están caducadas. En el momento en que, desde el ministerio, se trató de lanzar nuevos pliegos para volver a sacarlas a concurso surgieron los problemas. Recursos y más recursos sobre el periodo fijo de tiempo o la posibilidad de que la mesa de contratación elimine una oferta si detecta 'problemas' en el plan de negocio terminaron en la obligación por parte del TECRC de reconfigurarlos por completo.

Todo el trabajo que lleva aparejado este trámite podría llevar meses, según señalan fuentes del sector, por lo que una de las intenciones de Ábalos cuando asumió el ministerio en junio de 2018, desbloquear las licitaciones que llevan años caducadas y licitar dos líneas al mes, ha caído, por el momento, en saco roto.