La nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) empieza a tomar forma. La semana pasada el Consejo de Ministros puso sobre la mesa una lista con los nombres de los candidatos que propone para cubrir las plazas de presidente y consejeros del denominado regulador mayor del Reino. Entre las propuestas se encuentran tres candidatos elegidos por el PSOE -Cani Fernández como presidenta y Ángel Torres y Pilar Sánchez como consejeros-, uno propuesto por Unidas Podemos -Carlos Aguilar- y otro por ERC -Josep Sala-.
La nueva composición que debe ser aprobada por la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados este jueves ha apartado a la oposición de este organismo. Con esta maniobra, el PP se quedaría sin representantes, pues en el consejo sigue María Ortiz, propuesta en su día por Rajoy pero sin una vinculación directa con el partido. No obstante, el Gobierno entiende ha mantenido una importante consideración con el Partido Popular y que, precisamente, por ello ha atendido la reclamación de la dirección de Génova impidiendo que Mariano Bacigalupo -actual consejero de la institución y marido de la ministra Teresa Ribera- no haya sido propuesto para encabezar la CNMC.
PP y Vox, principales partidos en la oposición, llevan días manifestándose contra esta decisión que consideran arbitraria. Cuca Gamarra señaló públicamente que no consideraba que Cani Fernández fuese el perfil idóneo para el puesto, mientras los de Santiago Abascal llegaron incluso a pedir su comparecencia ante lo que consideran una falta de independencia. En este sentido, mostraron su disconformidad con el reparto de los sillones de consejo de la CNMC al ser la primera vez en la historia de este organismo en el que sólo están presentes en sus organismos de gobierno miembros nominados por las fuerzas políticas que sostienen el Ejecutivo. El voto definitivo de los dos grupos de oposición se hará efectivo este jueves, cuando se conocerá el grado de rechazo real con que tendrán que trabajar los nuevos miembros de la CNMC durante los próximos seis años.
Según ha podido saber La Información, ante tales respuestas, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño ha reiterado que el nombramiento de Cani Fernández como candidata a presidencia de la CNMC se hace en una especie de concesión al Partido Popular, al evitar nombrar a Mariano Bacigalupo, cuyo nombre figuraba como principal nominado hace unas semanas para presidir la nueva autoridad de competencia y regulación de mercados. Cabe recordar que uno de los grandes retos que tiene por delante la CNMC es la regulación de la energía en España, lo que hubiera acentuado el conflicto de intereses entre Teresa Ribera y su marido si Mariano Bacigalupo hubiera sido ascendido a la presidencial del llamado 'Supervisor mayor del Reino'.
Según fuentes de la oposición parlamentaria, el Gobierno, a través de la vicepresidenta Calviño entregó al PP una lista cerrada con los nombres de los candidatos a presidenta y consejeros, respectivamente, de la CNMC. Ante tal concreción, y dada la premura de tiempo impuesta por la responsable económica del Ejecutivo, la dirección de los populares se vió imposibilitada para proponer con garantías un candidato que pudiera incorporarse como vocal de la nueva CNMC. La falta de acuerdo ha provocado la ruptura del equilibrio conseguido hace tres años, cuando el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, facilitó la incoporación al organismo regulador de los representantes del PSOE, PNV y Ciudadanos, aparte de renovar en el cargo al delegado de la antigua CiU.
Pero más allá del sistema de elección de los representantes, en la sesión de la Comisión de Economía del Congreso en la que se votarán los nombramientos de los nuevos consejeros ahora propuestos por Nadia Calviño, también estarán latentes ciertas vinculaciones personales y profesionales que podrían hipotéticamente llevar, en un futuro, a conflictos de interés. En concreto, y de acuerdo con los argumentos esgrimidos en los últimos días por la oposición, en el ojo del huracán está, sobre todo y principalmente, la propuesta de Cani Fernández como presidenta.
Fernández ha desarrollado durante años su labor como abogada del sector de la competencia en el despacho Cuatrecasas, pero lo hacía desde el lado contrario al que ahora tendrá que defender. Es por ello, que su labor defendiendo a determinadas empresas, aún con cuentas abiertas en el regulador, de las normas antimonopolio podría traerle más de un dolor de cabeza y obligarla a inhibirse en ciertas decisiones. Pero más allá de esto, existe otro potencial conflicto de interés que tiene que ver con la labor profesional que desempeña su marido, Jorge Padilla, director de Compass, una de las consultoras de competencia más importantes y que trabaja para la Administración Pública, entre otros clientes.
Esta será una de las principales puntas de lanza que Vox y PP utilizarán en la Comisión de Economía el próximo jueves contra la presidenta. Pero no la única. También ha causado cierto revuelo entre la oposición la elección que ha llevado a cabo Unidas Podemos para ocupar la silla que le corresponde en el regulador mayor del Reino. El nombre de Carlos Aguilar, relacionado con En Comú Podem, no ha hecho mucha gracia en ciertos sectores políticos y empresariales dada su estrecha vinculación con el sector audiovisual de Cataluña.
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