La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estrecha el cerco sobre el sector gasista. La sostenida subida del precio del combustible ha fijado la mirada de las autoridades en materia energética, tanto en España como en Bruselas, en la facturación y los consumos de las compañías que participan en este negocio. El creciente celo supervisor ha desbordado a la CNMC, responsable nacional de efectuar las liquidaciones del sistema gasista. No en vano, el regulador que preside Cani Fernández se ha lanzado a buscar ayuda externa que auxilie a su equipo en la 'auditoría' de la información que le envían estas empresas.
Competencia ha salido a la caza de apoyo técnico para vigilar la documentación que le remiten cada mes compañías como Naturgy, Enagás, Endesa o Redexis. El momento es clave debido a la creciente preocupación que se ha instalado en Europa ante el riesgo inminente del corte de suministro de gas ruso durante este invierno.
La CNMC se dio un mes para recibir a las candidaturas. El plazo vence el próximo lunes. Aunque el objetivo principal del contrato es la gestión, el mantenimiento y el análisis de la base de datos del sistema gasista, el futuro adjudicatario no se limitará a una labor documental.
"El servicio contempla la validación de la integridad de la información recibida, la consistencia de esta con la normativa en vigor, el seguimiento del cumplimiento de plazos de envío", reza el pliego de prescripciones técnicas que ha publicado Competencia. En definitiva, el futuro adjudicatario tendrá que 'auditar' la información recabada y dar aviso si algo no cuadra.
La guerra en Ucrania y la crisis energética derivada del conflicto bélico han puesto a la CNMC en una situación límite. El plan 'antiguerra' incluido en el real decreto 6/2022 aprobado el pasado marzo, aludió hasta en 68 ocasiones al supervisor. En dato no deja de ser una anécdota, pero el alcance de la norma ha hecho mella en el organismo que capitanea Cani Fernández. Hace varios meses que el regulador viene reclamando más medios al Gobierno, según fuentes conocedoras consultadas por este medio. Finalmente, ha optado por recurrir a ayuda externa para hacer frente al ingente volumen de trabajo que se le ha encomendado.
El plazo de ejecución del citado contrato de apoyo técnico es de tres años. Su importe estimado es de 250.000 euros. La CNMC pilotará todo el proceso de tratamiento y análisis de datos. De hecho, se exige al futuro adjudicatario su compromiso para trabajar bajo la supervisión de las personas designadas por la CNMC, a las que deberán facilitar cualquier información o documentación que soliciten.
La CNMC ha valorado que necesitará apoyo externo para supervisar las cifras del sector gasista durante los próximos tres años
La firma que se haga con el contrato supervisará información procedente de todos los agentes del sistema gasista, desde distribuidoras y transportistas hasta la propia Enagás, en su condición de gestor técnico del sistema. Todos ellos están obligados a presentar, antes del día 25 de cada mes, los datos de facturación de peajes, cánones, tarifas y cargos del sistema, a consumidores directos y comercializadores. De forma independiente, Enagás también debe presentar, con el mismo margen, información sobre los movimientos de gas en el sistema, por instalación y por comercializadoras y transportistas.
La intensa actividad regulatoria que ha acompañado en España al descontrol en el mercado energético ha generado importantes retrasos en el giro de recibos, lo que ha provocado un tapón en las labores de supervisión del regulador. Además, los ajustes que ha aprobado el Gobierno para aliviar la carga fiscal del recibo eléctrico y gasista ha obligado a las empresas del sector a ajustar sus modelos de faturación. Este frenesí normativo, así como la creciente preocupación del Gobierno por vigilar los beneficios de las empresas del sector, ha disparado el volumen de datos que intercambian la CNMC y los distintos agentes energéticos. Pero, hasta ahora, el regulador ha trabajado con los mismos medios.
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