La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha cerrado una investigación sobre las prácticas de Indra, Scytl y Vector en el mercado de los recuentos electorales. El organismo presidido por Cani Fernández entiende después de mas de dos años de pesquisas que no existen indicios de que existiera una "estrategia conjunta" de las empresas para presentar las ofertas en las diferentes licitaciones públicas de los últimos años en España. Según los correos internos que se han consultado, la compañía catalana se planteó llegar a un 'pacto de no agresión' con la empresa semipública, algo que se descartó por la "animadversión" que su rival sentía hacia ellos tras años de pelea. Este archivo se decide después de que el Ministerio del Interior volviera a dejar a Indra sola en el sector tras rescindir el contrato del acuerdo marco con Scytl por incumplimiento.
Indra había ejercido un dominio aplastante desde mediados de los 2000. Hasta 2015, cuando perdió por primera vez el contrato. La catalana Scytl le ganó la partida para las elecciones generales. A partir de ahí ha habido una particular batalla entre ambos. A finales de 2018, para tratar de ordenar el proceso, el Gobierno optó por abrir un acuerdo marco al que presentaron ofertas ambas. Unos meses después, a mediados de 2019, la CNMC inicia una investigación por iniciativa propia, según relata en el informe de 30 páginas al que ha tenido acceso La Información. En esos meses se hicieron inspecciones en las sedes de las empresas y se realizaron requerimientos y solicitudes de información.
Se hizo con correos internos y comunicaciones de las empresas para tratar de confirmar si hubo una coordinación para repartirse el mercado, especialmente en las comunidades autónomas. La conclusión a la que se llega dos años después es que no cabe abrir un procedimiento sancionador y archivar todas las actuaciones seguidas contra la propia Indra, Scytl y Vector Software. Ésta última trabajó junto a la empresa catalana dentro de una Unión Temporal de Empresas (UTE) para dar apoyo tecnológico. "No se deduce que exista una estrategia conjunta a la hora de presentar sus respectivas ofertas", concluye, por lo que no hay un reparto del mercado ni prácticas anticompetitivas.
La duda era sobre una posible coordinación en las ofertas, abandonando contratos y acudiendo a otros para evitar la competencia. Scytl, tal y como reconoce en correos electrónicos internos y ante la CNMC, no se presentó a determinadas licitaciones por la falta de capacidad para afrontar la multitud de procesos electorales o por la falta de invitación a presentar oferta en algunas comunidades. Indra alega que la prohibición de compartir infraestructuras con otra administración pública que se incluyó en algunos pliegos desincentivó su presencia. La CNMC admite que existe un "limitado número de operadores" que optan y existen "limitaciones a la competencia en los pliegos que han podido inhibir la presentación de ofertas y deberían ser revisadas". Pese a ello, reconoce que no hay pruebas de esa coordinación.
¿Un pacto? Los correos internos
La batalla fue muy dura entre ambas empresas en los primeros años. La victoria de Scytl en 2015 conllevó que Indra tirara los precios al máximo en 2016. En este contexto, la catalana movió ficha a finales de 2018. En un correo electrónico se confirma que el general manager para Europa de la catalana perseguía reunirse con Indra "para llegar a algún tipo de acuerdo", pues ellos no tenían capacidad "para hacer todos los proyectos de las municipales". Antes del intenso ciclo electoral de 2019, la directora general contactó con el que fuera responsable de la unidad de procesos electorales de Indra hasta octubre de 2017 -y que en 2018 fue fichado por ellos, tal y como adelantó La Información-: "Me dijo que estamos locos si pensamos ir [a las elecciones generales], nos destrozarán y también nuestra reputación. Me comenta que ella estrategia es coger alguna comunidad y también hablar con Indra para que no reviente los precios".
En marzo de 2019, una comunicación entre los máximos directivos de Scytl confirma que se sigue contemplando la posibilidad de contactar con Indra. "Creo que deberíamos estudiar entrar con Indra en una relación que sea un 'win-win' para ambas empresas". Sin embargo, una semana después, se descarta, al igual que acudir con ellos por medio de una unión de empresas (UTE en el argot) en Italia. "Tan pronto como los pongas en el juego te usarán hasta que te digan 'Adiós'; Indra, hasta donde yo sé, nos odia. Siempre estoy abierto a trabajar con competidores si son justos pero ahora mismo están muy molestos con nosotros por España", se apunta en otra comunicación interna.
Sobre este intento, Competencia insiste en que no existe evidencia de que finalmente se produjera la interlocución entre las empresas. Además con toda la información recabada se pone de manifiesto la existencia de "estrategias de las empresas que han sido económicamente racionales y no pueden enmarcarse dentro del desarrollo de ninguna conducta anticompetitiva". En ese sentido, Scytl admitía en correos internos en febrero de 2019 que se estaba preparando una oferta económica por el precio máximo de licitación, esperando no resultar adjudicataria, pues le resultaba inviable hacerse cargo de todos los procesos electorales: "Nuestra única esperanza es que Indra presente menos de 10 millones; si presenta por 10, y tenemos la mala suerte de que en el desempate nos adjudiquen, pues valoraremos".
Sin competencia
Esta decisión de acudir a las elecciones generales del 28 de abril de 2019 superando el importe máximo ofertado en el acuerdo marco en dos millones de euros fue uno de los precedentes para que el Ministerio del Interior decidiera el pasado mes de abril resolver el contrato del acuerdo marco con la propia Scytl y Vector, con la que acudía en UTE. Esta opción ha vuelto a dejar a Indra sola en este ciclo electoral hasta el próximo año. Queda por ver si aterrizan nuevos competidores.
En el pasado, IBM era el encargado de este tipo de contratos, pero el gigante tecnológico ya no presta estos servicios en España. Hay otros jugadores más pequeños como la vasca Ibermática, que sólo se ha encargado del contrato de las elecciones al Parlamento de esa comunidad. En Latinoamérica, la empresa semipública se ha tenido que ver las caras con compañías como Smartmatic, de origen venezolano, Thomas Greg & Sons, con capital colombiano, o Neotec, con sede en Bolivia.
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