La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y el Consejo de Estado han dado el primer empujón a la que puede ser una pieza clave en la recuperación verde de la economía tras la pandemia. Los organismos han aprobado sendos informes sobre el anteproyecto de Ley de Cambio Climático que respaldan las competencias del Ministerio de Transición Ecológica en cuestiones como las subastas renovables, los convenios de transición justa y el aprovechamiento de los proyectos de energía limpia (hibridación).
Los dos informes, tanto el de Competencia como el del Consejo, están pendientes de publicación. En el caso de la CNMC, el documento fue aprobado por la Sala de Regulación el 5 de marzo y respaldado por el pleno, sin debate, cuatro días después. La redacción final está muy alejada de las primeras evaluaciones del anteprotecto, que rechazaban nuevas subastas de renovables y cuestionaban la competencia del Gobierno para regular el acceso de los proyectos a la red eléctrica.
El documento final de la CNMC sobre el anteproyecto de ley aboga porque el Gobierno maneje todas las herramientas necesarias -subastas incluidas- para desarrollar las energías limpias y, de paso, llevar a buen puerto las estrategias diseñadas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el decreto de transición justa.
La elaboración de los informes no ha sido pacífica. La CNMC y el Ministerio de Transición Ecológica mantuvieron diferencias que obligaron a convocar la Comisión de Cooperación prevista para resolver discrepancias. Finalmente, ha habido el suficiente acercamiento como para evitar nuevos choques. No es un asunto meramente administrativo.
Hay mucho dinero en juego. Las eléctricas quieren usar los derechos de enganche a la red, que suman más de 16.000 megavatios (MW) entre nucleares (7.000 MW) y carbón (9.000 MW), como una autopista para desplegar renovables. El Gobierno, por su parte, defiende que las compañías tradicionales usen esas concesiones para concentrar el despliegue de renovables en las comarcas afectadas por cierres.
Tras el impulso a la nueva Ley del Clima está la evolución del sector de la energía y, sobre todo, de los precios en el mercado mayorista -pool-, que se orientan a la baja presionados ahora, y cada vez más en el futuro, por la mayor penetración de las energías renovables. La idea es que hay avanzar en la modernización de la economía de la mano de una ambiciosa extensión de renovables en el sector eléctrico. Pero con la condición de que el regulador modifique el marco retributivo de las nuevas inversiones.
La herramienta concreta la esbozó en sus análisis la economista, experta en energía, Natalia Fabra: nuevas subastas con un calendario pre-establecido; bajo un nuevo diseño que no retribuya la capacidad como sucedía en las anteriores, sino la energía; sin precios mínimos arbitrarios y que fíen a la competencia entre inversores la fijación de precios estables.
En el anteproyecto de ley examinado por la CNMC y el Consejo de Estado ya se recogen los cambios que introdujo el Ministerio de Transición el pasado año para reforzar el papel de las comunidades autónomas y especialmente de las comunidades insulares. Algunas de ellas -caso del País Vasco, Cataluña o Baleares-, como también algunos ayuntamientos han aprobado normas que van más allá de los planes apenas esbozados por el Ejecutivo. En otras, caso de Canarias, todavía se libran batallas relacionadas con el despliegue de infraestructuras que tocan nervio en las industrias gasistas y del automóvil.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios