La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) trabaja en una propuesta para reforzar la vigilancia de la solvencia económico-financiera de las compañías distribuidoras de gas y de electricidad. El documento será sometido a consulta pública en las próximas semanas. Afectará especialmente a Red Eléctrica de España (REE) y a Enagás, las operadoras de las redes de gas y de electricidad, pero también al resto de compañías con actividades reguladas en el negocio de la energía -transporte y distribución-. REE tiene pendiente la posible compra de Hispasat.
Aunque es el Ministerio de Transición Ecológica el que tiene las competencias últimas, los parámetros de solvencia que apruebe la CNMC para controlar más la salud financiera de las compañías con actividades reguladas -deuda, apalancamiento, etc.- determinarán si se autorizan o no las operaciones (toma de participaciones) que pudieran emprender y que están obligadas a comunicar.
La CNMC, por la denominada Función 14, puede poner condiciones a operaciones de compraventa en el sector energético o impedirlas si se incumplen determinadas condiciones. Por eso es importante la propuesta que va a someter a consulta pública como ya hizo con la metodología para retribuir los negocios regulados. Una vez aprobada la propuesta, Competencia podría rechazar determinadas operaciones si las empresas responsables no se atienen a sus recomendaciones -y parámetros-de solvencia.
Política de inversiones
El objetivo último es tener la seguridad de que compañías reguladas como Red Eléctrica de España (REE) o Enagás no van a empeñarse en políticas de inversiones que pongan en riesgo las infraestructuras estratégicas tanto del sector eléctrico como el gasista. La CNMC ha reclamado reiteradamente a los Gobiernos de turno el desarrollo reglamentario de los ratios de solvencia de las transportistas y distribuidoras de energía, pero sigue siendo un tema pendiente.
Desde el lado de las empresas, la iniciativa se ve de otra forma. Sostienen que su solvencia está bien controlada, no solo por las autoridades bursátiles en el caso de las empresas cotizadas, sino también por las agencias de calificación. Pero la posición de la CNMC al respecto es rotunda: cuando una empresa recibe ingresos desde la factura que pagan los consumidores y cuenta con el respaldo del Estado, está justificada la exigencia de una doble garantía.
El recelo de la CNMC ante determinadas operaciones de las empresas reguladas se tradujo el pasado año en un informe sobre la situación económico-financiera de la actividad de distribución de electricidad en el periodo 2013-2016. En dicho informe, la Comisión manifiestó su "preocupación" por el elevado grado de apalancamiento -relación entre deuda neta y recursos propios- de REE, superior al 80% entre 2013 y 2016.
Inversiones en América
La crítica a la compañía dirigida entonces por José Folgado se produjo en plenas negociaciones para comprar Hispasat a ACS y Atlantia y cuando se anunciaban operaciones en Latinoamérica que culminaron en diciembre pasado con el nuevo presidente de REE, Jordi Sevilla.
La vuelta de tuerca en la regulación se produce después de que la CNMC haya propuesto un recorte de la retribución a las eléctricas por el transporte y la distribución entre 2020 y 2025 desde el 6,5% anual al 5,58%. Las empresas, con la asociación Aelec al frente, aceptaron el cambio de cálculo que propuso la CNMC pero reclaman retribuciones de en torno al 7%.
En todo caso, la propuesta de la CNMC coincide con las ideas que ha manejado el Ministerio de Transición Ecológica para elaborar el decreto de reparto de competencias del Gobierno con la CNMC. Para el Ministerio, conviene vigilar los umbrales de endeudamiento de las compañías reguladas -tal y como plantea la Comisión-. Por ello, considera "necesario y urgente" introducir el principio de prudencia financiera para retribuir a las empresas reguladas y garantizar un endeudamiento adecuado y una estructura de deuda sostenible.
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