La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) continúa en la carrera para aprobar antes de fin de año hasta 14 circulares con recortes a la retribución de las empresas eléctricas y gasistas que han soliviantado al sector. La Comisión, con la mitad de los consejeros en funciones, está dividida. El último pleno fue maratoniano, de la mañana a la noche, y ratificó que la propuesta de recortar 3.000 millones entre 2021 y 2026 a las empresas gasistas sigue provocando diferencias. El pleno aprobó la circular de transporte, pactada con la Secretaría de Estado de Energía y dejó la del gas para una segunda reunión.
Los recortes a las redes de transporte y distribución de electricidad escuecen pero no hieren. Las empresas tenían asumida la caída del 6,5% al 5,58% de la tasa de retribución a partir de 2021. Sólo Red Eléctrica de España (REE), que tiene el transporte como fuente principal de ingresos, ha elevado un tanto el tono porque una parte importante de sus activos -los amortizados- quedan fuera de la nueva retribución.
Pero cosa muy distinta es el gas. Las empresas del sector, con la patronal Sedigás a la cabeza, han presionado por tierra, mar y aire para rebajar y posponer las reformas. Estas reducen entre 2021 y 2026 los ingresos del transporte de gas en 1.442 millones y en 1.521 millones los de la distribución. Es un mordisco importante a los ingresos de grandes compañías como Naturgy o Enagás, pero un golpe difícil de digerir para las pequeñas empresas como Madrileña Red de Gas o Gas de Extremadura.
Coherencia en las propuestas
Los debates en el pleno se centran en dar coherencia y homogeneidad a las diferentes propuestas elaboradas por la Dirección de Energía del organismo que preside José María Marín Quemada, según apuntan fuentes internas del organismo. Son intentos de alcanzar un punto medio entre las propuestas de los técnicos de la CNMC -apoyadas por el presidente Marín-y lo que están dispuestas a aceptar como razonable las empresas. En otras palabras, cómo suavizar el tijeretazo y evitar el riesgo de un aluvión de pleitos como el que provocaron los recortes de retribución a las renovables de 2010 y 2012.
La patronal gasista Sedigás no ha concretado las posibles consecuencias de los recortes. Tampoco ha valorado la paralización de inversiones anunciada por el 80% del sector. Pero en sus mensajes a la CNMC ha dejado clara lo que a su entender es una situación grave para el sector. En sus comunicados ha destacado "el carácter inesperado y radical que propone el borrador de la circular (de la CNMC)", lo que "ha afectado negativamente no solo a las empresas gestoras de infraestructuras y su cotización y valoración de las agencias de 'rating', sino también al empleo, la inversión y el crecimiento".
El debate está tan enconado que ha colocado entre la espada y la pared incluso a la patronal CEOE. Su presidente, Antonio Garamendi, se ha visto atrapado entre las presiones de las empresas más afectadas por los recortes a la retribución del gas, con Naturgy a la cabeza y las demandas de la industria, que apoyan el plan de la CNMC porque rebajará la factura energética de sus procesos productivos.
Hasta 11 asociaciones industriales han mostrado en las últimas semanas su apoyo total a la CNMC en el proceso de revisión y recorte de peajes que defiende el organismo. Siderúrgicas, empresas fabricantes de vidrio, papeleras, petroleras, empresas de cerámicas, químicas y textiles han hecho llegar al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, el respaldo de asociaciones como Unesid, AOP, Ascer o Feique. La posición de la industria, firma, ha hecho recular a la CEOE, cuyo presidente, Antonio Garamendi, había cuestionado los planes de Competencia.
La sensibilidad de la CEOE a las presiones de sus asociados de la industria es lógica. Su capacidad de presión es importante. La gran industria consume el 62% del gas y la factura que pagan por la materia prima se sitúa en 4.700 millones de euros anuales. Como las grandes empresas consumidoras de electricidad, que exigen la aprobación de un estatuto propio, los grandes clientes del gas se comparan con otros países de la UE para reclamar un trato más favorable.
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