CNMC prepara acciones contra el decreto 'anti Cabify' antes del aluvión de recursos

  • Prepara un informe no vinculante que serviría como contexto para redactar cientos de solicitudes de responsabilidad patrimonial de las VTC.
José María Marín Quemada
José María Marín Quemada
Efe

Cuenta atrás para que el decreto del Gobierno para frenar a las licencias de vehículos con conductor (VTC) se convalide en el Congreso de los Diputados. Mientras esto sucede, técnicos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya están estudiando posibles acciones ante esta medida. Cuentan con el precedente del recurso que ya presentaron en este mismo sentido, que fue clave para la suspensión cautelar de la ‘norma Colau’ con la que Barcelona quiso introducir la polémica segunda autorización en el área metropolitana de la ciudad condal.

Fuentes oficiales de la Comisión aseguran que en el seno del órgano de Competencia estudian todos los pormenores de un decreto que, como ya sucediera con otras medidas tomadas por Barcelona o por el propio Gobierno que fueron recurridas por ellos, busca frenar el avance de este tipo de licencias. No quieren hacer público un plazo para cualquier movimiento, aunque debería tomarse una decisión en las próximas semanas.

Al ser un Decreto-Ley, no hay opción para presentar ningún tipo de recurso basado en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado (LGUM), como se puede hacer con un acto o reglamento (no con una norma con rango de ley). Pero sí que se está preparando un informe preceptivo (no vinculante) que podría servir, según confirman fuentes jurídicas, para aportar contexto antes de la convalidación por parte de los diputados.

¿Los antecedentes? La CNMC se ha mostrado muy crítica con todas las normas previas que han tratado de restringir la actividad de las licencias VTC y las plataformas como Uber o Cabify. De hecho, fue el que recurrió y logró la suspensión cautelar del reglamento de Ada Colau en Barcelona, con el que exigía una segunda licencia. O fue el que llevó al Tribunal Supremo el ‘rescate’ de la ratio de que haya una de estas autorizaciones por cada treinta de taxis, que acabó en una sentencia que, precisamente, le dio respaldo legal.

Su posible papel en miles de reclamaciones

Además de este informe, el ‘superregulador’ también podría actuar de oficio en caso de solicitud de responsabilidad patrimonial por parte de los dueños de las miles de licencias concedidas (y las que quedan aún por llegar por vía judicial). Unos dueños que se plantean reclamar una ampliación de la indemnización más allá de los cuatro años otorgados por parte del Gobierno.

En caso de que tras el recurso, el Ejecutivo dé un ‘no’ por respuesta, la CNMC podría actuar de oficio o a petición de los operadores económicos. En este último caso, haría las veces de representante de quienes lo desearan. Según confirman fuentes jurídicas, cabría esperar que se presenten miles de recursos tras la convalidación del decreto, exigiendo una ampliación de esa indemnización. ¿La razón? Esa reclamación sería por cada una de las autorizaciones -hoy hay activas casi 10.000-.

Las VTC siguen mirando al Constitucional

Por otra parte, los servicios jurídicos de las VTC ya están trabajando a toda máquina para rearmarse ante la enésima batalla judicial en el sector. El abogado asesor de la patronal Unauto y Uber, José Andrés Díez, ha preparado un informe sobre el Real Decreto, en el que defiende que es inconstitucional por dos razones: la imposibilidad constitucional de habilitar o delegar competencias a las comunidades por decreto ley y la alteración de la delegación de competencias a las comunidades sin modificar la Ley Orgánica que lo regula.

Más allá de la inconstitucionalidad, recuerda que el periodo de gracia ampliable de cuatro años que incluye el decreto “no puede ser entendida como indemnización, tanto por la forma, como por el fondo, al no mantenerse los términos de la actividad en la misma disposición”. ¿Y si a partir de esos 4 años se exigiera una segunda licencia? “Exigirla resultaría contrario a la Ley de Unidad de Mercado y a la reguladora de las Bases del Régimen Local”.

La cuenta atrás ha comenzado. Todos, en el lado de la VTC y en la CNMC, se rearman ante lo que supone una nueva fase en la batalla judicial de la llamada guerra del taxi.

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