¿Repartos entre empresas para la conservación y el mantenimiento de las carreteras? La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha empezado a investigar posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de explotación, conservación y mantenimiento de las carreteras en España.
De acuerdo con esta institución, estas consistirían en acuerdos y/o prácticas concertadas de reparto de mercado, así como intercambios de información comercial entre empresas del sector, tal y como explica la Comisión en una nota.
Para tratar de atajar estos comportamientos, los días 17 a 20 de diciembre se realizaron inspecciones domiciliarias en las sedes de varias empresas que dedican su actividad a la conservación, mantenimiento y explotación de las vías para tratar de recabar datos.
Estas inspecciones forman parte de la investigación abierta por la CNMC tras haber tenido conocimiento de la posible existencia de una práctica "colusoria anticompetitiva" por parte de determinadas empresas del sector, tal y como argumenta la CNMC.
En este sentido, se trataría de presuntos fraudes relacionados con la manipulación de licitaciones realizadas por administraciones públicas. "Las inspecciones son un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas", admiten.
Del mismo modo, señalan que "si como resultado de las mismas se encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se procederá a la incoación formal de expediente sancionador".
Para ello, recuerdan que los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que "puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras".
La opacidad de la gestión de las carreteras en España
El sistema de mantenimiento de carreteras -sobre todo en el caso de las convencionales- es uno de los más opacos de Europa. El reparto de este sistema se lleva a cabo desde diputaciones provinciales y ayuntamientos, en función de la titularidad de la vía, lo que hace que existan miles de contratos con empresas diferentes a lo largo de todo el territorio nacional.
En este sentido, no existen registros oficiales sobre el gasto que se dedica cada año a este menester como fruto del entramado de administraciones que son competentes para la licitación de este tipo de contratos.
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