La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) no tiene una posición unánime sobre los recortes de 5.000 millones a la retribución de las empresas eléctricas y gasistas entre 2020 y 2026. Es la forma suave de describir la realidad. Una vez más, el Consejo del regulador, con la mitad de sus miembros en funciones, está dividido ante una cuestión que toca nervio económico como pocas: la reforma del sector energético. El pleno del organismo previsto esta semana va a estudiar el estado de la tramitación de las circulares con una idea fundamental: evitar la judicialización de la reforma que ya barajan las empresas.
Las diferencias de opinión sobre las propuestas de recortes se deben a sus posibles consecuencias jurídicas. No es una guerra abierta...todavía. Pero puede serlo. Las empresas, tanto las eléctricas como las gasistas, han redoblado las peticiones para que la CNMC aplace la aprobación de las circulares que están en marcha. Algunos de sus argumentos son bien aceptados por una parte de los consejeros, que ven flancos débiles en las argumentaciones técnicas de algunos de los recortes. Munición para los poderosos departamentos jurídicos de las compañías.
Esta misma semana, Red Eléctrica de España (REE), que se juega un buen bocado en sus ingresos anuales por la actividad de transporte, ha deslizado que una reforma como la que plantea la dirección de Energía de la CNMC, en los plazos marcados legalmente, "es inasumible" si se trata de diseñar "un nuevo modelo regulatorio con mayor consenso, seguridad jurídica, estabilidad y predictibilidad".
Seguridad jurídica
La mención a la seguridad jurídica por parte de REE no es casual. Lo mismo hacen las compañías más afectadas por los recortes en el gas, Enagás y Naturgy. La primera, participada en un 5% por la SEPI, adelantó nada más conocer los planes de Competencia que adoptará las acciones y medidas jurídicas "que resulten pertinentes en todo momento en la defensa de sus intereses y los de sus accionistas". Los fondos de pensiones, aseguradoras, fondos soberanos y firmas de inversión privada que participan en el negocio de redes también han amenazado con emprender acciones legales si se ve afectada la estabilidad a largo plazo de sus inversiones.
Fuentes de la CNMC consideran que, dada la situación, se impone la búsqueda de consenso, una lectura atenta y hasta cierto punto comprensiva de las alegaciones que han presentado las empresas. La idea es que lo mejor puede ser enemigo de lo bueno. Y lo bueno sería buscar el punto intermedio aceptable para un modelo energético que necesita reformas pero un funcionamiento estable y consensuado, como reclama el presidente de REE, Jordi Sevilla.
La posibilidad de que buena parte de las 14 circulares en tramitación acaben en los tribunales, ya sean estos nacionales e internacionales, es real. Así lo admiten las fuentes consultadas en la CNMC. Si esa posibilidad se concretara sería lluvia sobre terreno mojado. Los recortes a la retribución de las renovables a partir de 2010 son un quebradero de cabeza continuo para los Gobiernos que se han sucedido en los últimos diez años.
Decenas de pleitos abiertos
España ha perdido 11 de los más de 30 pleitos que tiene abiertos en el organismo de arbitraje del Banco Mundial, el Ciadi, por los recortes aplicados a la retribución de las renovables. Están en juego más de 8.000 millones en reclamaciones. La cifra es espectacular. Tanto que no ha pasado desapercibida para los fondos especializados -'third party funding'- que financian todos o parte de los gastos legales de una reclamación a cambio de un buen bocado. Abengoa ha vendido a diversos fondos por 75 millones parte de los derechos de un arbitraje planteado en la Cámara de Comercio de Estocolmo. Hay negocio y mucha competencia para obtenerlo.
Hay decenas de reclamaciones pendientes y, de momento, España no ha logrado convencer con sus argumentos. Todos los arbitrajes desfavorables han sido recurridos aunque, según confirman fuentes de la Administración, todavía no ha desembolsado ni un euro. Pero la avalancha de pleitos sí tiene un coste: el Estado ha pagado ya más de 60 millones de euros en la gestión legal de los casos.
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