Unión Fenosa y Edistribución, en el foco

CNMC lanza su artillería contra Naturgy y Endesa por retrasar el giro de facturas

El regulador ultima un procedimiento sancionador contra las filiales de distribución de los ambos grupos energéticos, las más afectadas por las demoras en la emisión de los recibos de luz a sus clientes.

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández
La presidenta de la CNMC, Cani Fernández
Europa Press

Las pesquisas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el retraso en la distribución de facturas de luz avanza con paso firme. El regulador que preside Cani Fernández ultima un expediente sancionador contra las distribuidoras Unión Fenosa y Edistribución, propiedad de Naturgy y Endesa, respectivamente, por sus demoras al girar los recibos de luz a sus clientes, según fuentes cercanas a ambas compañías consultadas por La Información.

El procedimiento que está preparando el organismo supervisor se encuentra aún en una fase inicial. Las filiales de distribución de ambos gigantes energéticos acumulan el mayor porcentaje de incidencias dentro de un escenario que, por otro lado, afecta a múltiples compañías del sector. El motivo que alegaron estas entidades es el cambio del modelo de facturación que se remonta al pasado 1 de junio, cuando el Gobierno introdujo los nuevos recibos por tramos horarios. Las eléctricas también aducen al posterior recorte fiscal -la bajada del IVA de la luz al 10% y la práctica suspensión del Impuesto Especial sobre la Electricidad- para explicar este fenómeno.

Tras el citado ajuste del sistema de tarificación, al buzón de la CNMC empezó a entrar una oleada de quejas de consumidores que alertaban de retrasos en la llegada de sus facturas de luz que, en ocasiones, alcanzaban varios meses. Ante tal coyuntura, el regulador abrió una investigación para dilucidar las causas y detectar las compañías que habían incurrido en las demoras más pronunciadas. Ante el marcaje del organismo supervisor, las eléctricas argumentaron que sus sistemas informáticos habían colapsado a raíz del paquete de reformas aprobado por el Gobierno. 

Además del inminente toque de atención a Unión Fenosa y Edistribución, la CNMC prepara acciones adicionales para aliviar el efecto de estas demoras en las comercializadoras. Estas últimas son las encargadas de hacer frente a los peajes de acceso, es decir, uno de los costes regulados que se cargan en la factura del consumidor y que las comercializadoras retribuyen a la distribuidora por el uso de la infraestructura eléctrica. 

Dado que muchos consumidores no han recibido las facturas de los últimos meses, las comercializadoras no han podido cobrar este importe por lo que, a su vez, estas también acumulan retrasos en el pago a las distribuidoras. Entre las medidas que baraja Competencia se incluye eximir a las comercializadoras de la retribución de estos peajes de una vez, habilitando un mecanismo para que estas compañías puedan hacer frente a los pagos de forma progresiva.

Ante las pesquisas de la CNMC las eléctricas han alegado que la reforma del Gobierno ha colapsado sus sistemas informáticos provocando el retraso en la distribución de las facturas

La sucesión de retrasos podría extenderse más allá del mercado eléctrico. La previsión de un escenario alcista en los precios de la energía para todo 2022 ha llevado al Gobierno a abrir la puerta a una extensión del escudo fiscal también a los clientes de gas. Estos llevan meses reclamando un trato equivalente al que han recibido los clientes de luz, lo que se traduciría en una idéntica rebaja del IVA -del 21 al 10%- y un recorte del tipo aplicable al Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) a 0,00234 euros/kWh, el umbral mínimo que marca Bruselas. 

El eventual balón de oxígeno para el sector gasista alteraría los parámetros de facturación que ahora aplican las distribuidoras de gas natural empresas que, en algunos casos, se hallan bajo el perímetro de los mismos grupos energéticos que ya han sufrido alteraciones en su sistema de tarificación eléctrica. Adicionalmente, las previsiones de unos precios de la luz a niveles históricos más allá de 2021 han llevado al Gobierno a comprometerse a prorrogar su plan de choque para aliviar la factura eléctrica, cuya vigencia concluye el próximo 31 de diciembre.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este miércoles en el Congreso, durante la sesión de control al Gobierno, que el paquete de medidas urgentes para rebajar el recibo de la luz se extenderá, como poco, hasta el mayo de 2022. El Ejecutivo informó del nuevo margen el mismo día en que el precio de la luz volvió a dinamitar un récord histórico, al romper la barrera de los 300 euros/MW, niveles que se mantendrán también a lo largo de este jueves. 

En la mañana de este miércoles, mientras Montero asumía públicamente un nuevo ajuste presupuestario a causa de la crisis energética y el mercado eléctrico (pool en la jerga) hacía gala de una escalada sin freno, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, volvió a mostrar una fe inquebrantable en su presidente, Pedro Sánchez. La vicepresidenta tercera respondió a las dudas de la oposición reiterando que el Gobierno cumplirá con su palabra, o lo que es lo mismo, con la promesa del inquilino de la Moncloa de que los hogares españoles paguen este año por la luz lo mismo que en 2018.

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