Con retrasos, un voto discrepante y otro concurrente. Así se aprobó el expediente sancionador de la CNMC a las 'teles' que golpeaba este miércoles a Atresmedia y Mediaset con una sanción millonaria y, lo que es más grave, la obligación de cambiar sus pautas de comercialización. Ambas cotizadas ya han anunciado que recurrirán las sanciones e incluso pedirán medidas cautelares. Pero todo ello esconde una situación que se vive desde hace tiempo en el seno del regulador de Competencia: la animadversión manifiesta entre José María Marín Quemada, presidente de este órgano, y María Fernández, segundo espada de la institución.
Desde el principio. En febrero de 2018 la CNMC incoaba expediente a Mediaset y Atresmedia por supuestas prácticas anticompetitivas en el mercado de la publicidad. Durante los últimos meses han ido saliendo a la luz las cada vez más importantes discrepancias internas en la cúpula de este organismo con amagos de votos particulares incluidos. Desde la presidencia de Competencia se ha hecho todo lo posible por salvar la imagen del regulador de cara a la opinión pública y amortiguar los golpes, pero no siempre se ha conseguido.
La multa calificada inicialmente como 'muy grave' fue rebajada a 'grave' ante la incapacidad de probar las prácticas colusorias. Esta calificación supone la imposición de una sanción de hasta el 5% de la facturación anual de cada una de las compañías. Desde la sala de Competencia, encabezada por Marín Quemada, se propuso dejarla en el 4,5%, lo que suponía una multa de alrededor de 43 millones para cada una de ellas.
El expediente estuvo en, al menos, tres ocasiones, en el orden del día de la Sala de Regulación bajo estas condiciones, pero no fue aprobado, según confirman fuentes conocedoras a La Información. Tras varias intentonas y ante las discrepancias de dos de los miembros de esta sala -la propia María Fernández y Benigno Valdés- se amagó con redactar un voto particular a la decisión de un expediente que ha sido el que ha llevado a ebullición las tradicionales malas relaciones en la cúpula.
De llevarse a cabo esta posibilidad, saltaría por los aires el intento de mantener la imagen de unanimidad que siempre ha tenido por bandera la CNMC. Por ello, y con el único fin de que esta idea no llegase a la opinión pública, desde la sala de Competencia se han hecho varias cesiones. Por un lado, se ha rebajado de 4,5% propuesto inicialmente al 4% el porcentaje de las multas impuestas a las compañías y por otro, y ya en otros temas, se ha recortado el hachazo a las eléctricas y gasistas.
Sea como fuere, la CNMC se ha encargado este miércoles de dar una imagen de unidad de su cúpula poniendo sobre la mesa que el expediente había sido aprobado por "unanimidad". En cambio, tal y como ha podido saber La Información, tras el amago de voto particular, se habrían presentado dos votos en el seno de la Sala de Regulación que chocarían con la opinión del resto de los componentes de la misma y con la de la Sala de Competencia.
En concreto se trataría, según las mismas fuentes, de un voto concurrente que solicitaba la reducción de la sanción que finalmente se ha llevado a cabo, y otro discrepante, que se aporta razonado en el expediente definitivo hecho público a través de una nota de prensa en la mañana de este miércoles y enviado a las partes con posterioridad. En este último voto, que pertenece a la vicepresidenta, María Fernández, ha dejado constancia de sus diferencias con el informe redactado desde Competencia.
Finalmente, el pasado 7 de noviembre, la Sala de Regulación emitió el informe que permitía la aprobación definitiva del expediente que había sido desbloqueado el 5 de agosto. A las cinco de la tarde de este mismo martes, tras recibir este visto bueno, las salas se reunían de nuevo de forma individual. Fue en esa reunión de la Sala de Competencia en la que se aprobó la resolución que se hacía pública a las pocas horas.
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