Pizarras digitales, cañones de proyección, ordenadores portátiles... estos son solo algunos de los materiales que se habrían entregado a los colegios por parte de algunas editoriales y que han estado en el punto de mira de la CNMC. Las principales firmas que editan libros de texto en nuestro país acaban de recibir una multa de 33,88 millones de euros por parte de Competencia y la puesta en marcha de un código de "buenas prácticas" que limitaría este tipo de obsequios está en el centro de la polémica.
Según señala este organismo, el supuesto mecanismo creado por las editoriales habría supuesto una homogeneización de "las políticas y condiciones comerciales en el sector" para las que, entre otras cosas, se llevaría a cabo la limitación de entrega de este tipo de regalos. De esta forma, y según señalan fuentes conocedoras de la operación, "los colegios se guiarían por este tipo de regalos en vez de por la calidad del material educativo" a la hora de elegir los libros de texto más adecuados para su centro.
La CNMC señala que las empresas ahora sancionadas habrían creado un Código de Conducta para el sector editorial en el que se señalaba un sistema de supuestas "buenas prácticas" que, según el organismo, ha quedado acreditado que se "hacía con una finalidad económica y para restringir la competencia", en vez de como un gesto positivo.
Entre las sancionadas se encuentran SM, Santillana, Anaya, Bromera, Edelvives, Santillana, Byme, Edebé, Editex, Laberinto, Macmillan, McGraw Hill, Oxford University Press, Pearson y Teide, además de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele). Precisamente esta última, Anele, y Santillana ya han anunciado que van a recurrir la decisión de la CNMC.
Castigo a las editoriales que no comulgasen con el plan
Pero no solo han sido los supuestos regalos. Según demuestra la resolución de la CNMC, también habría quedado acreditada tras las pertinentes investigaciones la "existencia de métodos de castigo a las editoriales que no cumplían con los acuerdos", aunque voluntariamente no se hubieran adherido al Código de conducta que ellas mismas crearon. En este sentido, Anele habría enviado cartas a competidores y a varios centros educativos en las que se incluían amenazas de denuncias.
Edelvives, ahora sancionada con más de 2,5 millones de euros, habría recibido "medidas de presión concretas" hasta que decidió unirse a los acuerdos. Del mismo modo, la editorial que presentó la queja ante la CNMC, Vicens Vives, habría recibido demandas por competencia desleal del resto de sus competidores. Según señala Anele, esta editorial, tras haber participado en la redacción e implementación del código de conducta, "decidió meses más tarde no someterse a lo establecido en el mismo e incumplir los principios básicos y éticos recogidos en el Código".
El libro electrónico
Uno de los grandes avances de la educación en los últimos años, la implantación y comercialización del libro electrónico, también ha sido objeto de estudio por parte de la CNMC en lo que se refiere a las prácticas de las editoriales. En este sentido, desde Competencia señalan que "determinadas empresas han llegado a acuerdos y prácticas concertadas para la fijación de precios y otras condiciones comerciales en relación con el libro de texto en formato digital en España entre 2014 y 2017".
En concreto, las editoriales habrían llegado a pactos para homogeneizar las condiciones de comercialización del libro electrónico mediante su participación en un Comité Técnico en el seno de Anele. De este modo, habrían fijado el precio, la duración de las licencias, su no utilización por parte de repetidores y hermanos y el hecho de que no se permita descargar contenidos sin conexión a internet.
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