La CNMC sigue en guardia y ahora les ha tocado el turno a las editoriales de libros de texto. De esta forma, ha sancionado con 33,8 millones de euros a los principales grupos editoriales de libros de texto de nuestro país. Compentencia ha impuesto la sanción a 34 editoriales de libro de texto y a la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE). Además, ha puesto fin al pacto de determinadas editoriales para fijar el precio y condiciones comerciales del libro de texto digital alcanzado entre Anele y 10 editoriales.
Entre los multados se encuentran Santillana, que forma parte del Grupo Prisa y se ha llevado la mayor multa, con más de nueve millones de euros; Grupo SM, Grupo Anaya, Edelvives, Edebé, Pearson, Oxford University Press y Bromera por prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de los libros de texto a niveles no universitarios.
En concreto, Competencia ha desarticulado el mecanismo para coordinar políticas y condiciones comerciales en el marco del desarrollo y aplicación de un Código de Conducta para el sector editorial de libros de texto. Además, existirían acuerdos o prácticas concertadas entre las entidades para el reparto del mercado de la edición y de la comercialización de libros de texto no universitarios en España, la fijación de determinadas condiciones comerciales en el mismo y el intercambio de información comercial sensible.
Este organismo ha sancionado dos conductas ilícitas, infracciones en relación con el desarrollo y aplicación del Código de Conducta para el sector editorial y otra infracción en relación con el libro digital. "Ambas son muy graves, según los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", señalan desde competencia.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Editorial Vicens Vives. El expediente fue incoado durante el mes de octubre de 2017 por Competencia que consideraba que a la vista de la información inicial disponible, la CNMC consideraba entonces que existen indicios racionales de la comisión, por parte de Anele, Grupo SM, Grupo Anaya, Grupo Santillana, Oxford University Press (OUP), Edelvives, Edebé, McGraw Hill, McMillan, Pearson, Teide y Serbal se podrían haber sucedido posibles infracciones del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por conductas restrictivas de la competencia.
Competencia ha acreditado la implicación de un total de 33 empresas: tres pertenecientes al grupo Edelvives, seis al grupo editorial Anaya, otras seis del grupo SM, siete empresas del grupo Santillana, dos empresas del grupo editorial Bromera. Además de Ediciones Bilingües, Edebé, Editex, Ediciones Laberinto, MacMillan, Mc Graw Hill, Oxford University Press, Pearson Educación y la editorial Teide. A todas ellas hay que añadir la responsabilidad que recae sobre la asociación ANELE.
ANELE y Santillana recurrirá la sanción
La Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza ha expresado su "estupefacción" ante la resolución de la CNMC y acusa a este organismo de "un claro desconocimiento del funcionamiento de un mercado como el de los libros de texto". Por ello, anuncia que recurrirá la sanción interpuesta por Competencia.
Desde este organismo consideran que "se sanciona al sector por cumplir la legalidad y evitar prácticas poco éticas en centros de enseñanza" y que "ni la asociación, ni ninguna de las empresas asociadas, han incurrido en prácticas contrarias a la competencia, considera la sanción arbitraria e injusta". Por todo ello, ANELE interpondrá "el correspondiente recurso contencioso‐administrativo ante la Audiencia Nacional".
Lo mismo hará Santillana, que muestra su "total desacuerdo con las dos prácticas supuestamente restrictivas de competencia que fundamentan la resolución de la CNMC" y añade que "dicha resolución contiene profundas inconsistencias". Del mismo modo, confirma que la resolución "no se ajusta a derecho" y anuncia la decisión de "interponer contra la misma los recursos que procedieran para la defensa de sus legítimos derechos ante las instancias que correspondan".
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