Cuenta atrás para hacer público el expediente sancionador a las 'teles'. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ya tiene terminada la documentación a través de la que se impondrá una sanción millonaria a los dos grandes grupos audiovisuales de nuestro país, Mediaset y Atresmedia, por supuestas prácticas anticompetitivas en el mercado publicitario nacional. Este órgano tiene la intención de hacerla pública antes de la cita electoral del 10 de noviembre, tal y como confirman fuentes conocedoras a La Información, pero antes tiene que salvar un obstáculo: la sala de Regulación, presidida por María Fernández, vicepresidenta de la CNMC, debe aprobar un informe antes de que la sala de Competencia, en manos de José María Marín Quemada, haga público el expediente.
En cambio, y como confirman fuentes conocedoras, tras tres sesiones de la sala de Regulación en las que este tema se encontraba en el orden del día, los miembros de este órgano aún no han dado luz verde a un disputado informe que, pese a no ser vinculante, será determinante para mantener la imagen de unanimidad que siempre ha tenido por bandera la CNMC. Por ello, y con el único fin de que esta idea no salte por los aires, desde el regulador tratan, como sea, de llegar a un acuerdo.
Las discrepancias entre la sala de Regulación y la de Competencia, cada una de ellas controlada respectivamente por los dos primeros espadas del regulador, son de sobra conocidas y amenazaban desde un inicio con complicar las discusiones al respecto de este tema. Finalmente, los amagos se han hecho realidad y tras más de un mes con todo preparado, el expediente sancionador aún no ha visto la luz.
Este mismo martes hay una nueva oportunidad. Ambas salas celebran durante esta mañana una de sus reuniones y en el orden del día de la presidida por María Fernández vuelve a estar el duopolio de los grupos audiovisuales. Según ha podido saber este medio, dos de los cinco consejeros -la propia vicepresidenta y Benigno Valdés- no estarían del todo de acuerdo con el sentido que ha tomado el expediente, mientras que los otros tres miembros -Mariano Bacigalupo, Bernardo Lorenzo y Xabier Ormaetxea- sí que lo estarían.
El informe que debe emitir esta sala tiene que ser unánime y deberá reflejar si va en el mismo sentido que la sala de Competencia -es decir, la imposición de una multa y la obligación de cambio de la conducta actual- o si va en sentido contrario. En un inicio, y según señalaron fuentes conocedoras, Fernández habría valorado la posibilidad de emitir un voto particular, un hecho que haría saltar por los aires la calma tensa entre ambos órganos y que no se ha producido en los seis años que lleva de funcionamiento el llamado 'supervisor mayor del Reino'.
La otra opción para hacer valer la opinión de estos dos miembros pasa por poner de manifiesto en el informe emitido por la sala de Regulación las diferencias sobre este tema. Este hecho ensuciaría, de igual manera, la relación entre ambos órganos, algo que se quiere evitar a toda costa ya que daría un balón de oxígeno para que los equipos jurídicos de Mediaset y Atresmedia puedan abrir una vía al recurso que ya han anunciado que presentarán una vez que se haga público el expediente sancionador.
Además, y con los plazos cada vez más ajustados, el hecho de que se publique antes de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre cobra cada vez más importancia. En función del resultado que salga de las urnas, se podría romper el equilibrio de poderes presente en este órgano y dar al traste con todos los progresos hechos hasta el momento, lo que les pondría en una situación complicada debido a la importancia de los plazos que, según confirman a este medio, Marín Quemada no tiene pensado agotar.
El expediente sancionador
El expediente sancionador maneja dos elementos fundamentales: por un lado, una multa económica y, por otro y lo que es más importante, la obligación de llevar a cabo un cambio conductual por parte de las empresas. En el caso del primero, se trata de una multa de hasta el 4,5% de la facturación total de cada uno de los grupos afectados, tal y como adelantó este medio, por lo que la cifra total supondrá unos 43 millones de euros para el grupo capitaneado por Paolo Vasile y una cifra muy similar para los de Silvio González al tomar como referencia los ingresos de cierre de 2018.
En el caso del segundo, el cambio de conducta, pretende modificar las prácticas consideradas anticompetitivas por parte de estos grupos. En este sentido, desde el regulador se apunta a tres supuestas praxis: el pago de extraprimas a las agencias de medios, la denominada pauta única -los canales de un mismo grupo se van a publicidad al mismo tiempo- y la venta de publicidad en bloques. Al inicio del expediente, el regulador señalaba que estas tácticas "dificultan injustificadamente la entrada y expansión de terceros operadores en el mercado de la publicidad televisiva en España" y ahora quedarán reflejadas en el 'resuelve' del expediente.
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