La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ya tiene terminado el expediente sancionador a los dos grandes grupos audiovisuales de nuestro país, Mediaset y Atresmedia, por supuestas prácticas anticompetitivas en el mercado publicitario nacional. Pero aún queda un obstáculo que salvar para que este organismo pueda hacer público el expediente en el que lleva más de un año trabajando. Se trata del voto particular de María Fernández, vicepresidenta de este órgano, y que tradicionalmente ha mantenido un pulso con el actual presidente, José María Marín Quemada.
Las discrepancias entre la sala de Regulación, en manos de Fernández, y la de Competencia, bajo la presidencia del propio José María Marín Quemada, son de sobra conocidas y amenazaban con complicar las discusiones al respecto de este tema. Finalmente, los presagios se han cumplido y, según apuntan fuentes conocedoras a La Información, se está preparando, al menos, un voto particular al respecto.
Este hecho retrasa la publicación de un expediente que pondrá sobre la mesa una sanción de hasta el 4,5% de la facturación total de cada uno de los grupos afectados, tal y como adelantó este medio. De acuerdo con este cálculo, la cifra total supondrá unos 43 millones de euros para el grupo capitaneado por Paolo Vasile y una cifra muy similar para los de Silvio González al tomar como referencia los ingresos de cierre de 2018.
Este organismo cuenta con diez consejeros. Como es lógico, sus opiniones no siempre van en el mismo sentido y en el caso de este expediente, por su importancia ya que puede cambiar el mercado televisivo tal y como lo conocemos hasta hoy, no iba a ser menos. En el seno del regulador hay miembros que consideran estas sanciones como adecuadas, pero también hay otros que tienen dudas al respecto de la modificación de conductas y su beneficio de cara al futuro. Entre estos últimos destaca su vicepresidenta, María Fernández.
Tras las reuniones del pasado jueves, se espera que la decisión definitiva sea hecha pública la próxima semana, ya que el plazo para resolver este asunto termina este mismo mes de octubre. La cifra anteriormente citada es el resultado de la rebaja de la sanción de muy grave a grave derivada de la imposibilidad de demostrar prácticas de cártel entre ambas compañías, tal y como ha podido saber este medio y de acuerdo con la Ley de Defensa de la Competencia.
Según se refleja en este norma, se consideran infracciones muy graves el desarrollo de conductas colusorias que consistan en "cárteles u otros acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas (...) entre empresas competidoras entre sí, reales o potenciales". Esta última parte es la que marca la diferencia, ya que desde el regulador no se ha podido demostrar que Atresmedia y Mediaset -competidores- pacten para tener una posición superior a la que le correspondería en el mercado de la publicidad en televisión.
La decisión de la CNMC tiene como fin, además de imponer la sanción, modificar las prácticas consideradas anticompetitivas por parte de estos grupos. En este sentido, desde el regulador se apunta a tres supuestas praxis: el pago de extraprimas a las agencias de medios, la denominada pauta única -los canales de un mismo grupo se van a publicidad al mismo tiempo- y la venta de publicidad en bloques. Al inicio del expediente, el regulador señalaba que estas tácticas "dificultan injustificadamente la entrada y expansión de terceros operadores en el mercado de la publicidad televisiva en España".
Los dos grupos audiovisuales en el punto de mira de esta institución, Atresmedia y Mediaset, no consideran justa la puesta en marcha de este expediente y, menos aún, la sanción que se hará pública en los próximos días. Por ello, ya han anunciado que recurrirán la multa y se verán las caras en los juzgados.
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