Cani Fernández desestima el recurso

ArcelorMittal y Megasa quisieron frenar la multa de CNMC... por "indefensión"

Competencia incoó expediente sancionador a 14 compañías por prácticas anticompetitivas. Estas empresas impugnaron las actuaciones en sus sedes pero el supervisor ha rechazado sus argumentos.

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ArcelorMittal y Megasa quisieron frenar el expediente de CNMC invalidando registros

ArcelorMittal y Megasa -Metalúrgica Galaica- intentaron librarse del expediente sancionador -y la posible multa- de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el denominado cártel de las siderúrgicas. Las compañías presentaron sendos recursos, prácticamente iguales, en los que alegaban, entre otras cosas, una vulneración a su derecho a la inviolabilidad del domicilio. De acuerdo con los informes a los que ha tenido acceso La Información, ambas compañías trataron de anular así la orden de investigación del pasado mes de febrero y las actuaciones inspectoras que dieron lugar al expediente sancionador ahora incoado al entender que las circunstancias en que se realizaron produjeron indefensión y un perjuicio irreparable. 

En ambos casos la respuesta del órgano encargado de vigilar la libre competencia entre las empresas ha sido muy similar, una desestimación del recurso que deja vía libre a continuar con el expediente abierto hace unas semanas a la gallega, la mayor compañía siderúrgica mundial y otras doce empresas por posibles prácticas restrictivas de la competencia. En concreto, y de acuerdo con la información del expediente, dichas prácticas consisten en intercambios de información comercialmente sensible y estratégica entre empresas fabricantes o comercializadoras de productos de acero,  tanto en la compra de chatarra como en la venta en España de productos finales.

La CNMC, a través de la sala de Competencia que preside la propia Cani Fernández, rechaza ambos recursos al considerar que la orden de investigación y las inspecciones llevadas a cabo "en ningún caso" han dado lugar a indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos de dichas compañías. De acuerdo con la documentación, Competencia argumenta que la orden se delimita adecuadamente el objeto, alcance y finalidad de la inspección, precisando los mercados investigados y la naturaleza de las conductas.

Ambas compañías ya fueron investigadas en 2018, momento en que se realizaron inspecciones en las sedes de Narón (Galicia) y Asturias en busca de documentación que pudiese implicarlas en actuaciones que limitasen la competencia. Con este trasfondo, tanto ArcelorMittal como Megasa -compañía que estuvo en la pugna para quedarse con Gallardo Balboa- argumentaron ante la CNMC que no había indicios comprobables para llevar a cabo un nuevo registro. En este sentido, el denominado 'regulador mayor del Reino' señala en sus informes que las actuaciones han tenido lugar en un mercado que "no fue objeto de investigación en la inspección realizada en 2018 en la misma sede", por lo que están plenamente avaladas. 

Las citadas inspecciones tuvieron lugar entre los días 3 y 5 de marzo de este año y en ellas se inspeccionaron las sedes de Siderúrgica Sevillana y de Sidenor Aceros Especiales y se volvieron a inspeccionar, como ya se hicera apenas dos años antes, las de ArcelorMittal y Megasa. Como resultado de dichas investigaciones se incoó un expediente sancionador contra un total de 14 empresas entre las que se encuentran, además de las dos recurrentes, otras como Compañía Española de Laminación (CELSA), Grupo Gallardo Balboa y las también inspeccionadas Sidenor y Sevillana. 

Desde el momento en que la institución que preside Cani Fernández incoó este expediente, se inicia así un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del mismo y su resolución por parte de la CNMC. El propio organismo recuerda que la investigación de los cárteles constituye una de sus prioridades de actuación, debido a la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados.

De ser finalmente multadas por la CNMC, las compañías tendrían una opción para librarse de la multa, el denominado Programa de Clemencia. Este instrumento permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección. Además, no les sería de aplicación la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas si resultasen finalmente sancionadas. 

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