La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el organismo regulador francés -Comisión francesa de Regulación de la Energía (CRE)- han tumbado el proyecto de interconexión gasista entre España y Francia a través del Pirineo Oriental (Midcat), redenominado como STEP (South Transit East Pyrenees), al rechazar la solicitud de inversión presentada por Enagás y la empresa francesa Teréga.
Según indicaron en un documento conjunto la CNMC y la CRE, el proyecto "no cumple con las necesidades del mercado y carece de madurez suficiente para ser considerado en una asignación de costes transfronteriza".
El Gobierno abrió la mano en marzo del pasado año y relanzó un proyecto que estaba paralizado. Aprobó la reactivación de una tercera interconexión gasista entre España y Francia a través del Pirineo Oriental. La decisión, según lo publicado en el BOE el 15 de marzo, tenía carácter "excepcional" y respondía a la necesidad de asegurar el suministro energético y, de paso, fomentar la competencia.
El problema es que la decisión del Gobierno no fue acompañada de informes de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que avalen la rentabilidad del proyecto y detallen las posibles consecuencias para el bolsillo de los consumidores en diferentes escenarios de evolución de la demanda de gas.
En cuestión de dinero, sólo se sabe lo que detalló el BOE en marzo pasado: el proyecto STEP (South Transit East Pyrenees) es la primera fase del gasoducto MidCat. Llevará los tubos del gasoducto de transporte primario de la red troncal de gas natural de Hostalric a Figueras y de Figueras a la frontera francesa -más la estación de compresión de Martorell- y costará a la parte española 152 millones. A la parte francesa le corresponderían 290.
Pero si en España no hay informe de la CNMC sobre el proyecto, sí los hay en Francia. Y no son positivos. La Comisión de Regulación de la Energía de Francia (CRE) afirma que el STEP elevaría los precios sin mejorar la seguridad. Reuters dio cuenta, además, de un informe elaborado por la consultora Poyry para la Comisión Europea que cuestiona la viabilidad económica del proyecto y sostiene que sólo lo sería “en un escenario con un mercado ajustado en lo referente al gas natural licuado”.
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