La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha tumbado los recursos de Iberdrola y Repsol contra el primer hachazo a sus ingresos derivado del real decreto ley 17/2021 impulsado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Con este movimiento, el supervisor tumba el 'truco' de las eléctricas para anular la citada reforma por la vía administrativa y abre la puerta a que estas lleven su cruzada a los tribunales.
Naturgy también recurrió en su momento y, aunque el supervisor todavía no ha publicado el fallo sobre la petición de la gasista, todo hace indicar que correrá la misma suerte que la de sus iguales. La estrategia de los equipos jurídicos de estas compañías fue presentar conflictos de gestión económica y técnica contra Red Eléctrica Española (REE), la empresa designada por el Ejecutivo para pasar a las eléctricas la factura del golpe del Gobierno a sus beneficios. Todos los gigantes del sector, a excepción de Endesa, recurrieron en tromba la primera liquidación afectada por el real decreto ley, el pasado 14 de diciembre, fecha en que se agotaba el plazo de alegaciones, como adelantó La Información. La CNMC también ha inadmitido el recurso de otras firmas de menor tamaño como Origen Energía Viento.
"El trámite estaba perdido desde el principio y las eléctricas lo sabían", traslada a la información una fuente jurídica especialistas en la materia. Aún así, Iberdrola, Naturgy y Repsol aprovecharon la vía administrativa para cargar contra el real decreto. Y es que ninguna de ellas podía recurrir directamente una norma con rango de ley, pero sí los efectos económicos derivados de la reforma.
Así se desprende de los informes publicados por el organismo que preside Cani Fernández. En el documento relativo a Repsol, se informa de que el recurso de la petrolera no 'dispara' contra el resultado del cálculo de la minoración efectuado por REE y liquidado por la CNMC, sino que la petrolera emplea este recurso para denunciar que el propio mecanismo de minoración aprobado en norma con rango de ley "es contraria a la Constitución y al Derecho europeo". Desde Repsol han trasladado a este medio que la citada minoración apenas impactará en sus cuentas.
La dinámica se repite en el caso de Iberdrola. Entre los argumentos que aporta la eléctrica se indica que las facturas emitidas incurren en una infracción, tanto del marco jurídico nacional como europeo. La compañía que preside Ignacio Galán va un paso más allá y denuncia que el recorte aplicado "determina la existencia de una ayuda de estado inversa que carece de la necesaria y previa autorización de la Comisión Europea". Además, Iberdrola señala que las facturas emitidas "resultan contrarias al principio de igualdad y no discriminación", así como rompen con el "principio de confianza legítima".
Los gigantes energéticos sabían que la CNMC desestimaría sus recursos, dado que el supervisor iba a alegar que la citada minoración es el efecto de la aplicación de una norma con rango de ley avalada por el Congreso. Es por ello que los colosos del sector debían esperar a la primera liquidación de REE y a la resolución de estos "conflictos de gestión", como paso previo, clave para, a partir de este momento, acudir a los tribunales.
Los recursos contra las liquidaciones de la CNMC son un paso clave que permitirá a las eléctricas elevar a los tribunales su cruzada contra el hachazo de Ribera
Fuentes del sector aseguran a este medio que, tras agotar la vía administrativa, las eléctricas pasarán a la segunda fase de su ofensiva, que incluye presentar un recurso contencioso-administrativo, bien ante la Audiencia Nacional, bien ante el Tribunal Superior de Justicia. Con esta ola de reclamaciones, Iberdrola, Naturgy y Repsol buscan defender, hasta agotar todas las vías a su alcance, los derechos de sus entidades, en general, y de sus accionistas, en particular. Estos últimos habrían metido presión a la cúpula directiva de las grandes eléctricas bajo la amenaza de una demanda por gestión desleal, según las fuentes jurídicas consultadas.
La compañía que preside Beatriz Corredor asumió la función de liquidador después de que Competencia se negase a realizar esta tarea alegando falta de personal. La CNMC, por tanto, se ha limitado a ratificar las cuentas de REE, manteniendo sus funciones de liquidador final del sistema. La minoración que diseñó el equipo de Teresa Ribera limita el recorte a las tecnologías inframarginales (nuclear, hidráulica y renovables más antiguas), que ofertan su energía a un precio inferior al de casación pero que por el sistema de formación de precios acaban cobrando lo mismo que las tecnologías más caras y, por tanto, podrían haberse beneficiado del alto coste del gas.
De la citada minoración quedaron excluidos los contratos bilaterales o PPAs, por lo que, antes de conocer oficialmente el fallo del supervisor, estas compañías ya minimizaron el impacto de la medida en sus cuentas, al alegar que la mayor parte de su energía estaba vendida a plazo. En el caso de Endesa, la empresa aseguró a La Información, que el efecto del recorte en sus cuentas era nulo, por lo que la eléctrica que preside José Bogas fue la única que no recurrió las liquidaciones de la CNMC.
Las eléctricas velan armas ante el nuevo real decreto
A diferencia de la norma aprobada en septiembre, la última iniciativa del Gobierno para recortar los windfall profits de las eléctricas ha gozado de buena acogida en el sector. La nueva medida pasa por minorar todos los PPAs firmados, desde ahora en adelante, por encima del tope de 67 euros/MWh recogido en el real decreto 6/2022 de medidas contra el impacto de la guerra en Ucrania.
Fuentes del sector anticipan que, en esta ocasión, la sangre no llegará al río, dado que los PPAs de la mayoría de estas compañías se encuentran por debajo de este umbral de precios. Ribera encaró la última reforma con una actitud muy distinta a la que adoptó el pasado otoño, cuando la tensión entre el Gobierno y las eléctricas llegó a su máximo exponente. Esta vez, la vicepresidenta tercera ha diseñado la medida de minoración tras una ronda de contactos con los primeros espadas del sector, cuyas aportaciones sí han sido tenidas en cuenta esta vez.
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