Es el informe clave tras el cual se enseñarán las reglas definitivas para la subasta de espectro para las redes 5G en España. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está ultimando su pronunciamiento sobre esas condiciones, tras lo cual se desbloqueará todo el procedimiento y se dará a conocer a las operadoras. Éstas no esperan que las primeras pujas por los más de ocho bloques de frecuencias en la banda de 700 megahercios que saldrán a licitación lleguen antes de mediados del próximo mes de mayo, aunque es posible que haya aún más retrasos. El Gobierno prevé recaudar más de 2.000 millones de euros con este procedimiento, muy por encima de lo que esperaban las compañías.
Hace tres semanas, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales remitió al organismo regulador, presidido por Cani Fernández, el documento borrador de las condiciones para que llevara a cabo su informe preceptivo no vinculante. El equipo de regulación tiene un mes de margen por lo que, según confirman fuentes de la entidad, se están dando los últimos retoques para que sea aprobado por el consejo. No hay una fecha concreta de finalización, pero por plazos debería estar listo antes del final de la próxima semana.
La Comisión ha sido siempre proclive a reclamar apoyo al cuarto operador, más allá de Telefónica, Vodafone y Orange, en las condiciones de la subasta. Así lo reclamó en su momento el antiguo presidente, José María Marín Quemada, en varias declaraciones. Y así lo planteó también en el informe sobre la liberación del segundo dividendo digital, es decir, de la banda de 700 Mhz que ahora se subastará. "La situación de Másmóvil, que necesita un acceso mayorista móvil para seguir prestando sus servicios -que disminuye la posibilidad de diferenciación- es un aspecto a considerar en el análisis del uso de la banda", apuntaba. Sin embargo, el Gobierno no incluyó ningún tipo de reserva de activos para el operador dirigido por Meinrad Spenger en el primer documento sometido a consulta pública .
Después de contar con este informe, el Ministerio de Asuntos Económicos deberá publicar las condiciones definitivas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según explican fuentes de varios de los operadores más grandes, lo previsible es que transcurra entre un mes y un mes y medio desde este último trámite hasta que se inicie definitivamente la puja. Por tanto, no sería antes de la segunda semana de mayo cuando se ejecuten las diferentes apuestas por parte de las compañías. En consecuencia, no podrán contar con el espectro, clave para los despliegues, hasta mediados del mes de junio, en caso de que la licitación se alargue más de lo previsto.
El Gobierno ha recibido una fuerte presión para que rebaje el precio de salida de los ocho bloques que se licitarán, que se fijó en 1.100 millones de euros. Las grandes operadoras, altamente endeudadas y con sus cuentas golpeadas por el esfuerzo inversor para los despliegues de fibra y redes 4G en España, hicieron mucho 'lobby' alegando que el precio por megahercio estaba por encima de la media y de países como Alemania o Reino Unido. Y surtió efecto. Al menos, en lo que a declaraciones públicas se refiere. “Si vemos que los argumentos presentados tienen mérito suficiente, entonces se reconsiderará”, explicaban desde la Secretaría de Estado. Más allá del nivel de salida, todo dependerá claramente del papel que asuma Másmóvil.
Después de haber cerrado la puerta a una operación con Vodafone, en la que la subasta de 5G se configuraba como clave en los plazos, el cuarto operador se encuentra en una posición un tanto complicada. La razón es que Orange, su socio mayorista y con el que firmó un acuerdo que aseguraba su acceso a la futura red 5G de los galos a cambio de un pago por el alquler, ha puesto en revisión toda su estrategia en este segmento. “Estamos muy contentos de seguir con este negocio… pero hay que hacerlo bajo términos que beneficien a ambas partes”, aseguraba Fallacher el pasado mes de febrero. Esto genera una cierta inseguridad que podría obligar a la compañía a tratar de entrar entre los adjudicatarios finales. El CEO Másmóvil, Meinrad Spenger, aseguraba hace varias semanas que su intención es participar, aunque verán si las condiciones finales se ajustan "algo más" a sus pretensiones.
¿Y el precio?
Hay dos antecedentes muy cercanos en el tiempo con resultados muy diferentes. Uno es el de Reino Unido, en el que tanto el precio como la duración de la licitación fueron bastante reducidos -Telefónica pagará 523 millones de euros para hacerse con varias frecuencias de la banda de 700 Mhz y 3,6 Ghz, por debajo de lo previsto por los analistas-. El otro es Estados Unidos, donde la puja duplicó todas las expectativas de los inversores y ha obligado a los diferentes competidores a buscar financiación extra para afrontar el pago que superará la cifra récord de los 80.000 millones de dólares (67.500 millones de euros al cambio actual).
Mientras se determinan las condiciones finales en el BOE de la subasta, el Gobierno trabaja en paralelo en la llamada 'ley de ciberseguridad 5G'. El documento definitivo aún no se ha remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación, por lo que, tal y como adelantaba La Información, las operadoras han congelado algunas de las contrataciones de proveedores de red a la espera de cuál será la clasificación por riesgo bajo, medio o alto de cada uno de ellos. El gigante chino Huawei, una de las señaladas en otros países como Reino Unido, es uno de los clientes clave.
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