La CNMV advierte a Iniesta del peligro que entraña la inversión en criptos

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se lanza a emitir su primera advertencia sobre la publicidad de criptomonedas que realiza una persona pública. La autoridad presidida por Rodrigo Buenaventura ha 'amonestado' al futbolista Andrés Iniesta por publicar un tuit en sus redes sociales asegurando que está iniciándose en el mundo de las monedas virtuales a través de Binance. El organismo aún no tiene potestad sobre estos asuntos que están fuera de la regulación financiera, pero pronto tendrá cierta autoridad, limitada al control de la publicidad. Este poder llegará a través de una circular que se ultima.

"Estoy aprendiendo cómo empezar con las criptomonedas con @BinanceES #BinanceForAll", reza el tuit de Iniesta. Unas horas después, la CNMV, a través de su perfil oficial, replicaba al jugador: "Hola, @andresiniesta8, los criptoactivos, al ser productos no regulados, tienen algunos riesgos relevantes. Es recomendable leer el comunicado de @CNMV_MEDIOS del 9/2/2021 e informarse a fondo antes de invertir en ellos o de recomendar a otros que lo hagan". Además de adjuntarle un enlace que redirige directamente a un llamamiento realizado junto al Banco de España sobre el riesgo inherente a este tipo de productos, le insta a tomar una mayor conciencia sobre esta nueva corriente, sobre todo si pretende alentar a otros.

Precisamente hace unos días, el organismo supervisor de los mercados ha incluido en una lista gris a varias decenas de entidades relacionadas con la compraventa de monedas digitales. Esta carpeta virtual es paralela a la clásica de los chiringuitos financieros, donde se incluyen aquellas que no están autorizadas pero que llevan a cabo una actividad que sí está regulada por el supervisor. Son casi 90 firmas las que han sido agrupadas con 'bandera naranja'. El 61% del total son proveedores de criptomonedas y entre ellos se encuentra la firma presidida por el empresario chino-canadiense Changpeng Zhao, Binance. Esta firma está buscando incluso financiación por parte de fondos soberanos con voluntad de alcanzar una valoración superior a los 200.000 millones de dólares, según Financial Times. 

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Con este paso, el supervisor quiere cubrirse las espaldas a falta de una normativa aplicable. No puede tachar esta actividad de ilegal, pero tampoco está en disposición de avalar los servicios relacionados con la compraventa de monedas digitales. Estas entidades se encuentran todavía en un limbo regulatorio porque la actividad que realizan, en realidad, no es ilegal al no estar ni siquiera regulada, pero existe una enorme preocupación e incertidumbre al respecto. El propio Ministerio de Asuntos Económicos, a través de una reforma aprobada a principios de año en Consejo de Ministros, fue el que se apresuró a abrir la puerta a que la CNMV plantara cara ante este tema. La circular que se prepara le permitirá imponer sanciones graves relacionadas con la publicidad con multas que podrían ascender a los cientos de miles de euros. Pero por el momento no puede hacer nada más allá que rogar a la cautela de los potenciales inversores.

La elevada volatilidad de los precios en monedas como bitcoin o ethereum preocupa enormemente a los reguladores. Ello ha ido acompañado de un aumento significativo de la publicidad, en ocasiones agresiva, para atraer inversores. Estas circunstancias han provocado que el número de interesados por este mundo se haya multiplicado exponencialmente, sobre todo entre personas con pocos conocimientos financieros. Su complejidad y falta de transparencia también las convierten en una apuesta de alto riesgo. Las falta de garantías y protección son igualmente cuestiones cruciales.  

Actualmente se está negociando a nivel europeo un Reglamento (conocido como MiCA) que tiene como objetivo establecer un marco normativo para la emisión de criptoactivos y los proveedores de servicios sobre estos. Se prevé que esté aprobado a lo largo de 2022. A la espera de esta normativa de Bruselas, el Gobierno de nuestro país ha ido modificando algunas normativas para dotar a los distintos supervisores nacionales de ciertas facultades con una función más bien de vigilancia.