La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ultima el lanzamiento de una macrocomisión contra el fraude financiero que integrará a un batallón de autoridades, empresas e instituciones como el Banco de España (BdE), la Fiscalía, Google, RTVE y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El organismo que preside Rodrigo Buenaventura promueve la puesta a punto de un plan de acción que dotará al supervisor bursátil de mayor capacidad de actuación gracias a una nutrida red de alianzas, que aspira a romper las barreras que limitan al supervisor en su cruzada contra la delincuencia financiera.
El proyecto encabezado por el supervisor del mercado de valores, que ha sido bautizado como PAFF (Plan de Acción contra el Fraude Financiero), aspira a marcar un antes y un después en la batalla de la autoridad bursátil contra la delincuencia financiera, según distintas fuentes conocedoras consultadas por La Información. Los técnicos de la CNMV llevan meses trabajando en esta iniciativa. El supervisor ha liderado una ronda de contactos con los agentes, públicos y privados, susceptibles de integrarse en dicha comisión.
La CNMV se encuentra en conversaciones con la AEB, patronal de la banca de española, y CECA, asociación que aglutina a los grupos bancarios de las antiguas cajas de ahorro. El encaje de ambas entidades en la citada red de alianzas es evidente, dado su papel de representantes del sector bancario español, uno de los grandes damnificados del fraude financiero. Por el flanco estatal, la lista de eventuales colaboradores incluye al Ministerio de Asuntos Económicos que lidera Nadia Calviño.
El calendario preliminar pasa por poner en marcha el proyecto en un par de meses, aunque no se descarta ampliar el calendario para limar el acuerdo, dado el amplio número de agentes implicados, tal y como han confirmado desde el supervisor a La Información. El contexto actual es clave para enmarcar el citado plan de acción. El 'boom' de los criptoactivos, la permanente aparición de los chiringuitos financieros (entidades no autorizadas), la democratización del mercado de valores que cada vez es más accesible al gran público... son algunas de las amenazas que respaldan la última estrategia de la CNMV para mejorar la eficiencia de sus protocolos y garantizar el buen funcionamiento del mercado bursátil.
La CNMV está abierta a sumar nuevos aliados a su plan de actuación contra los delitos de cuello blanco, una vez se ponga en marcha el protocolo
Esta macrocomisión dirigirá sus esfuerzos a detectar y atajar eventuales ofertas fraudulentas, así como a evitar la captación de inversores por vías ilícitas. Con su nueva red de apoyos, la CNMV prevé estrechar el cerco a las campañas de publicidad de entidades no registradas, un propósito donde el respaldo de compañías como RTVE o Google será clave. En la misma línea, la propuesta del supervisor pasa por mejorar la formación financiera de los ciudadanos, otro frente donde los grandes grupos mediáticos otros gigantes del mundo de la comunicación juegan un papel protagonista.
La composición de la citada comisión no es cerrada. La idea es que la red de alianzas pueda extenderse a medida que avance el proyecto. Algunos de los organismos que se sumarán desde el principio arrastran una larga trayectoria de cooperación con la CNMV en su cruzada contra los delitos de cuello blanco. Es el caso de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La primera acaba de renovar su convenio de colaboración con el supervisor, un acuerdo que comenzó hace tres años. La cooperación entre el Instituto Armado y el supervisor bursátil en la investigación de este tipo de delitos también se remonta a 2019. Ambos acuerdos se firmaron durante el mandato del antecesor de Buenaventura, Sebastián Albella, como adelantó este diario.
La pandemia ha servido de caldo de cultivo para la eclosión de episodios de fraude financiero, un tipo de delincuencia que Europol ya incluye en su lista de amenazas internacionales del crimen organizado más relevantes de nuestro tiempo. El propio Rodrigo Buenaventura alertó el pasado verano de que el supervisor había detectado un incremento sin precedentes de las demandas por fraude financiero, una amenaza que se había agudizado al calor de la crisis sanitaria. El presidente de la CNMV detalló entonces que la Audiencia Nacional investigaba reclamaciones por valor de 800 millones de euros solo en los primeros seis meses del año.
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