La opa del IFM sobre Naturgy sigue generando ruido. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha estimado una solicitud de información que atañe al Ministerio de Asuntos Eocnómicos y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por la que deberán verificar la garantía del dinero del private equity dada su procedencia de las Islas Caimán y en el contexto del desembarco del fondo en la primera gasista española.
El solicitante exige, entre otros detalles, conocer "el origen del dinero" del inversor y los datos registrales de su entramado societario en las Islas Caimán. También pide acceder al expediente Preblac (prevención del blanqueo de capitales) que se presupone que elaboraron los supervisores nacionales antes de avalar la operación. Sobre este último punto, el ministerio aseguró que ni la Secretaría de Estado de Economía ni el propio Sepblac contaban con dicha información. El departamento que dirige Nadia Calviño deslizó que, por el contrario, la CNMV sí podía tener este expediente.
La solicitud lleva meses abierta. La petición fue presentada el pasado 3 de agosto, el mismo martes en que el Consejo de Ministros dio luz verde a la operación. El visto bueno del Gobierno era una condición sine qua non para el desembarco del fondo en el grupo energético, de acuerdo con la ley del escudo 'antiopas' que deja en manos del Ejecutivo la autorización de las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas.
La resolución del Consejo de Transparencia no se publicó hasta el pasado marzo, meses después de que IFM se hiciera con el 10,8% del capital del grupo en el marco de la opa que se cerró el pasado octubre. Tras la opa, IFM ha seguido escalando en la gasista, incluso después de obtener dos puestos en el consejo de administración, hasta alcanzar el 13,38% hace solo unas semanas.
El solicitante recurrió primero al Ministerio de Asuntos Económicos, departamento que, junto con Transición Ecológica, jugó un papel clave para analizar la oferta de IFM e inclinar la balanza del Gobierno hacia el 'sí', pese a las reticencias internas que expresaron desde Unidas Podemos. Sin embargo, el departamento que dirige Calviño alegó que el ministerio no contaba con la información solicitada en el caso del informe de prevención de blanqueo de capitales. Así, los técnicos de Economía desviaron el tiro hacia la CNMV.
Ocho meses después de la apertura del expediente, Transparencia ha estimado la petición de información y ha exigido a la cartera que encabeza Calviño que pida a su vez la información solicitada al supervisor bursátil. "Economía viene a reconocer que quien puede tener esta información es la CNMV, puesto que fue quien tramitó la OPA sobre Naturgy y tiene información relevante en su página web", reza el informe del Consejo de Transparencia al que ha tenido acceso La Información.
La CNMV asegura que ya ha recibido la petición del Ministerio de Economía y que su equipo está trabajando en recopilar la información requerida
Varias de las cuestiones de la batería de preguntas que trasladó el solicitante hacen referencia al origen del músculo financiero de IFM, pues la gestora tiene su sede social en las Islas Caimán, desde donde la gestora australiana controla una compleja estructura societaria. "¿Ha verificado el Gobierno si los gestores de la empresa adquirente y su empresa, que radica en las Islas Caimán, están en curso o lo han estado de alguna actividad delictiva o con condena económico-penal?", apuntó el solicitante, quien también pidió acceder a una copia del registro mercantil del archipiélago donde comprobar los datos registrales del fondo de inversión.
En su resolución, Transparencia daba un plazo de cinco días hábiles a Economía para remitir a la CNMV la solicitud de acceso a la información requerida, a contar desde el pasado 17 de marzo. El ministerio ha asegurado, en conversaciones con La Información que ya ha cumplido con su parte. El supervisor bursátil lo ha corroborado y ha asegurado que ya están trabajando en recopilar la información requerida.
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