Solo ha tardado un año y medio. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comunicaba el viernes, tras el cierre de mercado, que había incoado un expediente administrativo sancionador por infracción muy grave a Banco Popular, así como a los consejeros ejecutivos, a los miembros de su comisión de auditoría y a su director financiero en el momento de los hechos, por suministrar al supervisor información financiera con datos inexactos o no veraces en sus cuentas de 2016.
El expediente, según revela el supervisor, afecta a los aspectos de los estados contables de 2016 a los que se refirió la comunicación de información relevante efectuada por la entidad el día 3 de abril de 2017. Ese día, casualidad o no, su consejero delegado Pedro Larena Landeta presentaba su dimisión en el cargo por motivos "estrictamente personales", así como su compromiso de continuar desempeñando sus funciones hasta que el consejo de administración designase a su sucesor.
Pedro Larena llegaba a la entidad en sustitución de Francisco Gómez, que alcanzaba un acuerdo con el banco para prejubilarse. El entonces consejero delegado era fichado por Ángel Ron con la intención de reflotar el banco. No obstante, su dimisión se producía tras siete meses en el cargo y una semana antes de la junta de accionistas, ya con Emilio Saracho al mando. Posteriormente, el banco hacía oficial el fichaje de Ignacio Sánchez-Asiaín como nuevo consejero delegado.
Ese mismo día, el banco emitía el citado hecho relevante al que hace mención la CNMV. En el mismo, la entidad comunicaba la puesta en marcha de una revisión en su cartera de crédito, así como de cuestiones relacionadas con la ampliación de capital de mayo de 2016. Eso sí, se resistía a reformular las cuentas. "Con la información de la que disponía, las circunstancias puestas de manifiesto no presentan un impacto significativo en las cuentas anuales de la entidad a 31 de diciembre de 2016 y no justifican, por tanto, una reformulación de éstas", subrayaba.
Popular explicaba que dicho análisis preliminar se limitaba a indicar que "el grueso del efecto relacionado con los créditos dudosos y las posibles insuficiencias provienen de ejercicios anteriores a 2015 y tendrían, por ello, escaso impacto en los resultados del ejercicio 2016, aunque sí afectaría al patrimonio neto".
Pedro Larena, en referencia a la ampliación de capital de 2016 y en un encuentro con los directores de las Direcciones Territoriales y Regionales, les felicitaba por el éxito de captar 2.500 millones de euros, ya que había "fortalecido su balance, así como sus señas de identidad: rentabilidad, solvencia y eficiencia".
El entonces consejero delegado de la entidad se mostraba eufórico entonces al destacar que "con la ampliación de capital ha sabido anticiparse a los acontecimientos y ha elevado la solvencia de la entidad a los niveles más altos de la banca española, tal y como se puso de manifiesto en el último test de estrés". El banco terminó siendo adquirido por el Santander en junio de 2017.
En la misma reunión de este mes, el Comité Ejecutivo de la CNMV acordó suspender la tramitación del expediente por encontrarse en marcha un proceso penal por los mismos hechos hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial.
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