La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quiere cubrirse las espaldas a falta de una normativa aplicable al negocio de las criptomonedas. No puede tachar esta actividad de ilegal, pero tampoco está en disposición de avalar los servicios relacionados con la compraventa de monedas digitales. Por esta razón, estas entidades que se encuentran todavía en un limbo han sido incluidas en una 'lista gris' paralela a la clásica de los 'chiringuitos financieros', en la que se incluyen aquellas que no están autorizadas y que llevan a cabo una actividad que sí está regulada por el supervisor.
Son casi 90 firmas las que han sido agrupadas en esta carpeta virtual con 'bandera naranja'. El 61% del total son proveedores de criptomonedas, el resto son en su mayoría fintech y otras plataformas dedicadas al crowlending, un tipo de financiación entre particulares para esquivar los servicios de un banco tradicional. No están en lo que podría denominarse el 'infierno regulatorio' porque la actividad que realizan, en realidad, no es ilegal al no estar ni siquiera regulada, pero existe una enorme preocupación e incertidumbre al respecto.
Desde la cartera económica del Ejecutivo, comandada por Nadia Calviño, existe una gran inquietud alrededor de toda esta operativa relacionada con la tecnología blockchain, como ha podido saber este medio. Por ello, los supervisores han querido dar un paso al frente de forma urgente haciendo un seguimiento más profundo sobre estas entidades durante los últimos meses. Hace apenas unas semanas, el Banco de España activó un registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos o wallets, en virtud de la reforma de la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
La CNMV tendrá pronto cierta autoridad sobre estas firmas vinculadas a monedas como bitcoin o ethereum, aunque limitada a su publicidad
Sin perder el tiempo y casi a la vez, el organismo presidido por Rodrigo Buenaventura actualizó esta 'lista gris' para incluir a 53 firmas vinculadas a monedas tan popularizadas como bitcoin o ethereum. En realidad, la CNMV tendrá pronto cierta autoridad sobre este tipo de firmas a través de una circular que ultima para controlar la publicidad de estas inversiones. Fue el propio Ministerio de Asuntos Económicos, a través de una reforma aprobada a principios de año en Consejo de Ministros, el que se apresuró a abrir la puerta a que el supervisor de los mercados se plantara ante este tema. Podrá imponer sanciones graves con multas que podrían ascenderán a los cientos de miles de euros. Pero por el momento no puede hacer nada más allá que rogar a la cautela de los potenciales inversores.
De hecho, lejos de nadar a contracorriente de la moda de los mercados financieros, Buenaventura ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre este nuevo modelo de inversión. No lo considera en absoluto un fraude, aunque su auge sí que ha animado a muchos cibercriminales a utilizarlo para acometer estafas. Además de usarse como moneda, los criptoactivos también representan un valor para la inversión. Este asunto es que el que preocupa principalmente a los organismos supervisores, puesto que ha provocado que muchos minoristas se lancen a la especulación en un entorno de máxima volatilidad. Estas circunstancias hacen que la regulación se vuelva más que necesaria para proteger al consumidor y que le permita conocer los riesgos asociados, si bien se requiere una formulación coordinada con los países del entorno al tratarse de productos con un alcance global.
España, así como todo el Viejo Continente en general, espera con ansias a que Europa termine sus trabajos y ponga en marcha el Reglamento para un Mercado de Criptoactivos, conocido como MiCA, del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937. Se prevé que esté aprobado a lo largo de 2022. A la espera de esta normativa de Bruselas, el Gobierno de nuestro país ha ido modificando algunas normativas para dotar a los distintos supervisores nacionales de ciertas facultades con una función más bien de vigilancia.
Los criptoactivos son así uno de los grandes focos de atención en las distintas propuestas reglamentarias, con una batería de normas que convierten su emisión y el universo de los servicios relacionados en una actividad reservada. Este enfoque busca impulsar el desarrollo de estos mercados, aplicando requisitos similares a los ya existentes para las entidades financieras, pero adaptados a las especificidades de este negocio. La finalidad es que se mitigue el impacto de las 'stablecoins' sobre la estabilidad financiera, la política y la soberanía monetaria, por ejemplo diseñando exigencias concretas para cada una de las funciones imponiendo unas obligaciones relativas a la composición, la gestión y la custodia de la reserva que servirán para preservar su valor.
