El furor internacional que ha generado el éxito bursátil de Coinbase no ha sido suficiente para excluir a la reina de las criptomonedas de la 'lista gris' de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El organismo supervisor que pilota Rodrigo Buenaventura incorporó al gigante estadounidense de las criptodivisas en su índice de sociedades sospechosas hace tres años. Actualmente, el citado listado incluye a cerca de un centenar de "entidades que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV".
La CNMV publicó por primera vez este listado en febrero de 2018. El índice, que quedó bautizado como 'Otras entidades sospechosas', lo inauguraron quince compañías entre las que ya se contaba Coinbase. El objetivo que persigue el regulador al actualizar este listado consiste en difundir los nombres de aquellas empresas que, en base a los indicios recogidos por el organismo, pudieran estar desarrollando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera.
Desde un primer momento, el regulador dejó claro que la inclusión de una compañía en dicho índice "no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades". Y es que la CNMV advierte de que dicha lista no es exhaustiva, sino que deriva principalmente de "ejercicios de búsqueda y análisis en internet y redes sociales". En definitiva, el regulador incluye en este índice a aquellas sociedades que se encuentran fuera de su radar.
La historia de Coinbase se remonta a 2012. La compañía con sede en San Francisco ha crecido de forma imparable en este tiempo y, el pasado 14 de abril, debutó en el Nasdaq con una valoración cercana a los 100.000 millones de dólares. La plataforma de compraventa de criptoactivos voló en bolsa un 31% el día de su estreno. La operación, que supuso el primer estreno bursátil de la historia de las criptomonedas, reportará plusvalías de entre 200 y 250 millones de dólares al banco español BBVA, que invirtió en la compañía hace más de seis años a través de su fondo de capital riesgo Propel, pese a contar con menos de un 1% del capital del gigante estadounidense.
Además de Coinbase, en la 'lista gris' de la CNMV destacan otros gigantes del sector como Bitcoinforme, cuyo nombre comercial es Bit2Me. Esta última se encuentra bajo la lupa del supervisor a raíz de su última campaña de publicidad que 'empapeló' Madrid con 800 carteles bajo el lema "La revolución acaba de empezar, bienvenidos a Bitcoin". Precisamente, la reforma de la Ley del Mercado de Valores que ha acometido el Ministerio de Economía ha habilitado al supervisor bursátil para que sea la única entidad encargada de controlar la publicidad relativa al negocio de los criptoactivos.
El Gobierno ha acometido reformas en la regulación financiera española frente al boom de las criptodivisas y ha habilitado a la CNMV a controlar su publicidad
La creciente tendencia al pago online y el boom de los criptoactivos preocupa al Gobierno. Al cierre de 2020 se contabilizaron más de 6.500 criptomonedas en circulación. El pasado febrero la Agencia Tributaria anunció que estaba ultimando una estrategia para elevar el control de Hacienda sobre las criptodivisas. Entre otras cuestiones, el organismo dependiente del ministerio que dirige María Jesús Montero se plantea exigir información a los contribuyentes sobre sus inversiones en estos activos, en concreto, con la obligación de incluir estas transacciones en la declaración de bienes en el extranjero, el conocido como Modelo 720 -que actualmente se encuentra en un proceso de revisión por la Justicia europea-.
El Consejo de Ministros encaró la cuestión mediante la aprobación del Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que lleva más de seis meses atascado en el Congreso ante la falta de acuerdo parlamentario. El citado texto incluye dos nuevas obligaciones informativas. Por un lado, los contribuyentes deberán poner en conocimiento de la Agencia Tributaria los saldos mantenidos por los titulares de monedas virtuales, a cargo de aquellas entidades que proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros. Por otro, la obligación de informar se extiende a todas aquellas transacciones que incluyan estos criptoactivos, desde su adquisición, transmisión, permuta, transferencia... hasta los cobros y pagos.
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