La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acaba de contratar a Nera Economic Consulting, filial del grupo Oliver Wyman, para realizar un peritaje y prestar servicios de asesoramiento en el proceso de arbitraje internacional contra España que inició un grupo de empresarios mexicanos liderado por Antonio del Valle. Los mismos ostentaban más de un 3% del capital de Banco Popular, por lo que perdieron algo más de 450 millones de euros con la resolución de la entidad en la noche del 6 al 7 de junio del año 2017.
El contrato, cuyo plazo de ejecución es de cinco años, se ha adjudicado tras un concurso urgente por parte de la institución que preside Sebastián Albella. El único candidato que ha presentado una propuesta para este procedimiento, negociado sin publicidad, ha sido Nera Economic Consulting, empresa dirigida en España por Óscar Arnedillo Blanco y que cobrará 471.900 euros por su asistencia a la CNMV en el proceso.
Arnedillo Blanco cuenta con una amplia experiencia en arbitrajes internacionales, en particular en el sector energético, aunque también ha prestado asesoramiento a organizaciones financieras supranacionales como el Banco Mundial, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD). Nera Economic Consulting cuenta con otros expertos en arbitrajes en su oficina de Madrid, como Fabrizio Hernández, exsecretario de Estado de Energía en la última etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, y Stefan Berger.
Se da la circunstancia de que Oliver Wyman fue la firma encargada de realizar un 'examen' de solvencia al sector bancario español en el año 2012, en el marco del rescate. En este test se detectó un 'agujero' de más de 3.200 millones de euros en Banco Popular, que no recibió ayudas públicas entonces pese a semejante falta de capital, una decisión que Luis María Linde, exgobernador del Banco de España, reconoció que pudo haber sido un error durante su última comparecencia en el Congreso.
Sea como fuere, el asesoramiento de Nera Economic Consulting a la CNMV deriva de un convenio que firmaron el pasado 24 de mayo el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía y Empresa, el Banco de España, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y el propio supervisor bursátil para defender sus intereses en los arbitrajes internacionales que presentó Del Valle contra España.
En un principio, el empresario mexicano presentó un arbitraje ante el Ciadi y otro ante la ONU (Unictral), si bien el pasado verano decidió unificarlo bajo las reglas de esta última institución. En el procedimiento, acompañan a Del Valle más de cuarenta inversores aztecas, entre los que destacan algunas de las mayores fortunas del país.
El papel de Albella en la crisis de Banco Popular
Es previsible que en el procedimiento internacional, los inversores mexicanos cuestionen el papel que realizó la CNMV durante la crisis que experimentó Banco Popular. Su presidente, Sebastián Albella, fue protagonista en uno de los episodios clave, pues prestó asesoramiento sobre la ampliación de capital de 2016 -cuando todavía estaba en el despacho de abogados Linklaters- para explicar a los consejeros de Popular su responsabilidad jurídica en la operación.
Así lo muestran las actas en las que se aprobó la última ampliación de Popular, encuentro en el que Albella aseguró que el consejo de administración estaba actuando de modo informado y diligente, según consta en dicho documento. Además, de acuerdo al relato de Emilio Saracho en el Congreso de los Diputados, Albella le presionó para aceptar la presidencia de Popular, que en un principio iba a rechazar, en el marco del proceso de sucesión de Ángel Ron. Su nombramiento, de hecho, se publicó en un hecho relevante remitido a la CNMV sin que el banquero de inversión hubiera dado su sí al cargo.
También ha suscitado polémica el hecho de que la CNMV prohibiera las inversiones bajistas en Liberbank al poco de la caída de Popular después de haber evitado tomar una decisión de semejantes características respecto a la que entonces era la sexta entidad española por volumen de activos. El supervisor justificó su decisión dado que no apreció una "situación de desorden" en el mercado de la acción de Popular ni de "graves asimetrías informativas", según su informe anual de 2017.
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