Los gigantes estadounidenses han gritado un 'basta ya' al Gobierno de Donald Trump por los millones de dólares en aranceles impuestos en su guerra comercial con China. Más de 3.500 empresas, con nombres tan señalados como Coca-Cola, Disney, Tesla, Ford o la farmacéutica Abbott, fabricante de pruebas para detectar la Covid-19 aseguran haberse visto damnificadas por las políticas proteccionistas del mandatario y han decidido demandar a su ejecutivo frente a la Corte de Comercio Internacional de Nueva York.
Se trata de una avalancha de demandas que incluyen también casos interpuestos por empresas más pequeñas en las que se sostiene que los nuevos aranceles a las importaciones chinas elevan el coste de maquinaria, partes y suministros intermedios para las empresas y las líneas de ensamblaje estadounidenses. Los casos se han acelerado también porque está apunto de expirar la ventana legal que permite a las compañías interponer apelaciones a algunas de las tasas.
Toda empresa que gane la batalle legal deberá recibir la devolución de todos los aranceles devengados, lo cual obligaría al gobierno estadounidense a desembolsar una importante cantidad de dinero. El Ejecutivo, por su parte, ha pedido a la Corte de Comercio Internacional que ponga en suspenso la mayoría de casos y solo acepte a trámite uno o unos pocos que puedan ser extrapolados a demandas similares.
Las demandas podrían separarse en dos listas: una que pide la devolución de aranceles del 25% en importaciones por valor de 200.000 millones de dólares y otra segunda que demanda el reembolso de gravámenes del 7,5% en 120.000 millones de dólares en bienes.
En junio de 2018, el Gobierno de EEUU impuso aranceles del 25% a las exportaciones chinas por valor de 50.000 millones de dólares, y en septiembre dictó otros del 10% (aumentados al 25% en mayo de 2019) a más exportaciones procedentes del gigante asiático, por valor de 200.000 millones de dólares.
Los aranceles, a los que China respondió con tarifas similares contra productos estadounidenses, se impusieron desde Washington alegando malas prácticas del país asiático en materia de transferencia tecnológica y propiedad intelectual.
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