México, Italia, Panamá, Argentina... la política fiscal de Codere ha hecho saltar las alarmas de las autoridades tributarias de media decena de países que, en conjunto, reclaman a la empresa de apuestas más de 110 millones de euros en todo el mundo. La compañía cotizada de juego, que se encuentra inmersa en una nueva negociación con sus acreedores a fin de acordar otra refinanciación de la deuda -después de cerrar otra por un monto total de 250 millones de euros en 2020-, mantiene abiertos varios litigios fiscales, en su mayoría por presuntas irregularidades en la deducción del IVA y el Impuesto de Sociedades, tal y como recoge el grupo en sus cuentas anuales del pasado ejercicio.
La mayor cuenta pendiente por presunta irregularidad fiscal de la compañía fundada por la familia Martínez Sampedro queda al otro lado del Atlántico. Las autoridades mexicanas emitieron un Acta de Inspección en 2012 que denegaba la deducción de la filial Codere México de ciertos importes en el pago del Impuesto de Sociedades relativo al ejercicio de 2008. Tras varios recursos y contrarrecursos, en 2018, el Gobierno mexicano emitió un acta por valor de 51,9 millones de euros -a 31 de diciembre de 2020-. La filial presentó juicio de nulidad contra dicho documento ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo perito coincidió con las respuestas indicadas por el designado por la empresa. En 2020, el tribunal devolvió el caso a la Sala Regional para subsanarlo. Codere reporta que la notificación sigue pendiente de sentencia, por lo que el juicio todavía está en curso.
También en territorio mexicano, Operadora Cantabria -filial mexicana del grupo- tiene abierto un litigio por el pago de la empresa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios relativo al ejercicio 2014. El Ejecutivo exige a Codere 20,8 millones de euros y el grupo se halla en negociaciones para que el Gobierno acepte a la propia filial como aval ('garantizar con la negociación', en la jerga). En paralelo, las autoridades del estado mexicano de Jalisco demandan a la filial del grupo 1,6 millones por presunta irregularidad en el pago, entre 2013 y 2014, del impuesto sobre loterías, sorteos, rifas, juegos con apuestas y concursos. El grupo ya ha presentado avales como garantía en este último litigio, que también sigue en curso.
Sin salir de México, las autoridades tributarias del país rechazaron las deducciones de determinados pagos por royalties realizados por la filial mexicana del grupo a la empresa matriz, en los ejercicios 2008 y 2009. La compañía vinculó estas rebajas a la exclusividad sobre la comercialización de las máquinas de bingo Zitro de la compañía, pero la interpretación del Gobierno de la norma fiscal fue otra, lo que llevó a levantar un nuevo acta por importe de 2,7 millones de euros al cierre del año pasado. En un primer momento, la sociedad provisionó dicha cantidad para afrontar este riesgo, una reserva que fue eliminada a finales de 2019, pese a que el juicio continúa abierto.
A Codere se le multiplican los frentes abiertos en Sudamérica. El Gobierno argentino reclama a la filial de la compañía Bingos del Oeste un total de 0,2 millones por las anomalías en el pago de la tasa a los débitos y créditos sobre las cantidades depositadas en la cuenta del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires (IPLYC), los ingresos de la actividad de juego. Hasta la fecha, los tribunales han fallado en contra de la compañía. Además, las autoridades panameñas exigen a las filiales de la sociedad en el país, Alta Cordillera e Hípica de Panamá, 2,5 millones por irregularidades en el pago del IVA y el Impuesto de Sociedades. Codere ha provisionado 0,2 millones de euros para hacer frente a esta eventual obligación.
El Gobierno italiano condonó buena parte de la deuda exigida a Codere por las irregularidades en el pago del IVA, pero reabrió un nuevo expediente por el mismo concepto y valor de 3,8 millones
Entre los distintos litigios fiscales iniciados en ejercicios anteriores que siguen sus correspondientes cauces procesales en el año en curso, el Ejecutivo italiano reclama a las filiales Bingo RE y Bintegral el pago conjunto de 1 millón de euros por las actas fiscales relativas a la prorrata de IVA aplicadas por las compañías entre 2003 y 2007. La firma llegó a provisionar 0,8 millones para hacer frente a estos pagos, pero, en 2019, Codere llegó a un acuerdo de amnistía con las autoridades fiscales por la que se condonó parte de la deuda y se acordó pagar el impuesto en cuotas. Con todo, al cierre del año pasado, el pago pendiente ascendía a 0,2 millones de euros. En paralelo, el Gobierno italiano abrió un nuevo expediente contra Codere Italia donde se cuestiona la deducibilidad de parte del IVA soportado por la filial. La cuantía que estimada la inspección asciende a 3,8 millones, que ya han sido provisionados por la sociedad.
Las restricciones derivadas de la pandemia han puesto a Codere contra las cuerdas. Al cierre de 2020, la compañía reportó una pérdida neta de 236 millones de euros, lo que agravó los 'números rojos' de 61,7 millones que registró la cotizada el año anterior. El agujero que ha excavado el virus en las cuentas de la empresa de juego apenas se vio amortiguado por el negocio online, que se incrementó más de un 19% el pasado ejercicio. El impacto negativo de la crisis sanitaria en la generación de caja del grupo disparó la necesidad de inyectar liquidez. Así, Codere se ha visto obligada a acelerar sus planes.
La sociedad cerró el año pasado una refinanciación con sus acreedores por valor de 250 millones de euros, además de una prórroga para el vencimiento de dos emisiones de bonos hasta 2023. En principio, el grupo tenía previsto acometer una nueva negociación con los bonistas al término de 2021, pero, debido al impacto de la Covid, el proceso ya está en marcha. En estas últimas negociaciones, Codere ha fichado a Clifford Chance y Houlihan Lokey, mientras que los acreedores están siendo asesorados por PJT Partners y Milbank.
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