El comité de Orange exige ampliar las prejubilaciones ante el 'aluvión' del ERE

Después de un amago de huelga y con unos sindicatos en pie de guerra, las prejubilaciones ofrecidas por Orange se han quedado cortas respecto a la demanda. En los primeros quince días del periodo de adscripción para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la teleco francesa las peticiones para sumarse a estas salidas para los mayores de 57 años se han disparado un 20% por encima del tope fijado en la negociación. Esto ha llevado a los sindicatos del comité de empresa a exigir una ampliación de la cifra autorizada para así dar respuesta a ese aluvión, algo muy similar a lo que ha sucedido en la división de Defensa de Indra.

El pasado mes de junio, dirección y sindicatos alcanzaron un acuerdo por el que se reducían hasta 400 las salidas en el ERE frente a las 480 que había planteado la compañía en un primer momento. Ante la petición de los sindicatos, la dirección accedió a incluir prejubilaciones para los mayores. En concreto, se podían adscribir los que cumplen 54 años hasta el 31 de diciembre de 2022. Se había previsto que se incluyeran los que los cumplieran antes de esa misma fecha pero de 2023. No ha hecho falta, pues la demanda se ha incrementado sorprendiendo también a los representantes de los trabajadores.

Mira también

Las telecos llevan al Supremo la tasa de espectro en su batalla por los impuestos

Según explican fuentes del comité de empresa a La Información, en concreto se han solicitado en torno a 240 prejubilaciones, lo que supone que 40 se hayan quedado fuera. Ante esta situación, en la reunión de la comisión de seguimiento del Expediente de Regulación de Empleo que se celebra esta semana se pondrá sobre la mesa esta circunstancia para plantear diferentes soluciones. La primera que se propone por parte de los sindicatos es la de ampliar el cupo de 200. Sin embargo, no va a ser sencillo, pues estas salidas implican un coste significativamente superior al de las desvinculaciones pactadas 'normales'.

En concreto, las condiciones económicas para la mayoría se paga en el complemento temporal equivalente al 87% del salario regulador, restando el importe neto de la prestación por desempleo. Para los de entre 54 y 59 años, ese complemento finaliza a los 63, mientras que para los que tienen más de 60 hasta los 65. Estos números han convencido a numerosos empleados de la principal filial que han aprovechado los primeros días para apuntarse, habida cuenta de que el orden de llegada es el primer y principal criterio para la elección.

Esta situación que se ha dado en la teleco francesa es muy similar a la que se ha vivido en otras compañías como Indra en las últimas semanas. Después de la presión de la plantilla durante la negociación, se sustituyó un ERE por un paquete de 135 prejubilaciones -entre el 85% y el 90% del salario bruto hasta los 63 años- que han recibido una demanda muy superior. Más de 150 se encuentra en la lista de espera, es decir, más del doble del tope inicial previsto por la tecnológica. Esto también ha llevado al comité a elevar ese techo en la segunda parte del año. La empresa echó cuentas para analizar si podía abordar ese coste y aún no ha habido una respuesta oficial.

El contexto político no deja de ser relevante para estos y otros casos que se están dando en grandes compañías. Tal y como avanzó La Información hace algo más de una semana, la advertencia lanzada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a los 'baby boomers' sobre las jubilaciones amenazaba con una ola de prejubilaciones en los próximos meses. No sólo ha pasado en este 2021, sino que también sucedió en el año 2018, cuando el miedo a la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad, que estaba prevista para el 1 de enero de 2019, incrementó también las peticiones.

También demanda para las salidas

Al margen de las prejubilaciones, también ha habido una cifra significativa de peticiones para sumarse a las bajas incentivadas con indemnización. En concreto, según las cifras de los sindicatos, se han registrado hasta la fecha unas 150 solicitudes, algo por debajo del tope que se había pactado con la dirección de la empresa. Esto también sucedió en el caso de Indra. En la teleco francesa, las indemnizaciones tenían un tope de 42 mensualidades e iban de 57 a 62 días por año de trabajo.

Todas estas medidas se circunscriben a la filial principal de Orange, en la que hay en torno a 3.200 trabajadores (se excluyen a la división de distribución, la de los operadores móviles y el telemarketing). Se trata del segundo que plantea en el último lustro y el objetivo es afrontar la "hipercompetitividad del mercado" y la guerra por el low cost. El último ajuste de plantilla que se llevó a cabo en sus filas fue en el año 2016, después de que adquiriera la operadora Jazztel por 3.500 millones de euros. Se suma al despido que también planteó Vodafone en España en el año 2019 que afectó a cerca de un millar de empleados.